ONG buscan que se apruebe sin reserva alguna convención internacional ad hoc

Piden al Senado corregir dictamen sobre derechos de personas con discapacidad

Los legisladores no actuaron de mala fe, pero limitan garantías de esos ciudadanos, dicen

Ángeles Cruz Martínez

México promovió en 2001 la iniciativa para la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y formó parte de los 84 países que participaron en la apertura de firma en marzo pasado, pero el Senado de la República ratificó el instrumento con una reserva que en los hechos limita la posibilidad de que los individuos que padecen alguna deficiencia física o intelectual tomen sus propias decisiones y ejerzan plenamente sus derechos ciudadanos, afirmó Abigail Hernández, directora de la Confederación Mexicana a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Confe).

La activista aseguró que los legisladores no actuaron de mala fe; por el contrario, quisieron garantizar la máxima protección de ese sector de la sociedad; el problema es que con su decisión de incluir una “declaración interpretativa” existe el riesgo de que prevalezcan los criterios asistencialistas.

Entre otros aspectos, dicha convención, de Naciones Unidas, plantea la obligación de los países firmantes de abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación, así como de garantizar igual protección legal y acceso a la justicia.

También se deben dar garantías a los discapacitados para que tengan una vida independiente, facilitando su movilidad en medios de transporte y acceso a edificios, con la finalidad de que puedan ingresar a la escuela o tener trabajo.

La convención también prevé el derecho de esas personas a mantener la confidencialidad sobre datos personales y de salud.

El pasado 27 de septiembre, el Senado ratificó por unanimidad la convención, primera del siglo XXI. El dictamen legislativo señala que México “refrenda su compromiso en favor de la promoción y protección de los derechos de los mexicanos que sufran alguna discapacidad, tanto aquellos que se encuentran en territorio nacional como en el extranjero”.

Luego, en el quinto párrafo de la declaración interpretativa, relativo al segundo párrafo del artículo 12 de la convención, los legisladores estipularon: “en caso de conflicto con la legislación nacional, habrá de aplicarse, en estricto apego al principio pro homine, la norma que confiera mayor protección legal, salvaguarde la dignidad y asegure la integridad física, psicológica, emocional y patrimonial de las personas”.

El mencionado artículo se refiere a que los países deben asegurar la igualdad de derechos a poseer y heredar propiedad, controlar los asuntos financieros y tener igualdad de acceso a los préstamos bancarios, el crédito y las hipotecas.

Confe y otros organismos, como Inclusión Interamericana, plantean que, por tratarse de un tratado internacional, la ratificación del Senado debe salir sin reserva alguna. Así, las leyes mexicanas tendrían que adecuarse a lo que ordena la convención; es decir, se tendría que garantizar a las personas con discapacidad que en cualquier circunstancia serían escuchadas y su opinión y decisiones tomadas en cuenta.

A escala mundial la convención tiene impacto en 650 millones de seres humanos con alguna discapacidad; en México la cifra es de 10 millones, comentó Hernández.

En entrevista, la directora de Confe resaltó que con la declaración interpretativa introducida por los senadores se deja abierta la posibilidad de que autoridades de algún estado o municipio decidan entre la convención y las leyes locales cuál es la que, según su criterio, protegería mejor a las personas con discapacidad.

Pero la convención señala que, en cualquier circunstancia, esas personas tienen derecho a ser escuchados, con el apoyo necesario, y decidir sobre los asuntos que personalmente las afecten.

Se trata, explicó Hernández, de que un sordo tenga acceso a un intérprete, o un ciego a documentos escritos en sistema braille y una persona con discapacidad intelectual al apoyo que requiera para darse a entender.

Actualmente, de acuerdo con el Código Civil, las personas con discapacidad deben ser declaradas “incapaces” para poder ser representadas por alguien más; de lo contrario, no tienen voz y menos decisión ante las autoridades.

La activista insistió en que, contra lo que pueda creerse, los discapacitados tienen derecho a ser respetados igual que el resto de los ciudadanos.

“Lo que queremos es que se termine esa actitud casi instintiva de que cuando vemos una silla de ruedas, de inmediato buscamos como interlocutor al que empuja la silla, en lugar de voltear hacia el sujeto que está sentado en ella.”

Diversas agrupaciones inician hoy una campaña de información en busca de apoyo a su petición de que el Senado retome el dictamen de ratificación de esa convención y lo someta a nueva votación.