El instituto afirma que cuenta con el documento; Los Pinos podría recurrir a la inexistencia
El IFAI ordena a Presidencia entregar estudio sobre el perfil de legisladores
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) concluyó que la Presidencia de la República tiene en su poder el perfil político y personal de los 628 senadores y diputados del Congreso de la Unión, estudio que se ordenó por el equipo de transición del entonces presidente electo Felipe Calderón.
Por ello, el IFAI le ordena que entregue al solicitante el documento Estudio cualitativo y análisis sobre la composición de la 60 Legislatura del Congreso de la Unión, elaborado por la empresa Consultoría de Estrategias Político-Legislativas, creada a siete días de que fuera contratada para dar ese servicio.
Aunque la Presidencia había declarado que “no es competente” para dar esa información, el comisionado Alonso Gómez Robledo, ponente del recurso 2728/07, echó por tierra las argumentaciones de Los Pinos y estableció que por las atribuciones y actividades que desempeñó en el periodo de transición Gerardo Ruiz Mateos, actual coordinador de Gabinetes y Proyectos Especiales del presidente Felipe Calderón, necesariamente tuvo que recibir el estudio en cuestión.
Ruiz Mateos, ex coordinador de administración y finanzas de la campaña de Calderón, de diciembre de 2005 a julio de 2006, fue nombrado coordinador técnico del equipo de transición del presidente electo, y representante con voz y voto del comité técnico del fideicomiso para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo federal.
El solicitante de esa información, Daniel Lizárraga, reportero de la revista Proceso, aportó diversos elementos para que el IFAI llegara a la conclusión de que el estudio en cuestión está en poder de Ruiz Mateos, y el instituto comprobó que ese tipo de análisis está dentro de las atribuciones de ese funcionario.
En alegatos, el periodista detalló que según factura que extendió Consultoría de Estrategias Político-Legislativas, el estudio costó 2 millones 990 mil pesos, y de ello quedó registro en el contrato 20/2006; un dato relevante es que esa firma se creó a sólo siete días de otorgar el servicio referido.
Además de ello, refirió que el análisis se entregó entre el 28 y 30 de noviembre al equipo de transición, específicamente a Ruiz Mateos, quien con recursos públicos autorizó el pago del análisis donde se detalla el perfil político y personal de los senadores y diputados de la actual legislatura, así como los asuntos de sus respectivas agendas.
En busca de deslindarse
Aun cuando la Presidencia trató de deslindarse, argumentado que no le correspondía tener esa información porque las entidades facultadas para administrar y comprobar los gastos del fideicomiso (conformado con 150 millones de pesos del erario para cubrir los gastos del equipo de asesores del presidente electo) son las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Función Pública (SFP) y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército), el IFAI concluye que sí es competente para conocer de la solicitud referida.
Esto, porque al igual de la SHCP, Banjército y la SFP, “la propia Presidencia de la República pudo haber recibido información similar a las de las otras tres instancias, además de la referente al Estado Mayor Presidencial y los documentos derivados de los trabajos desarrollados por los servicios profesionales y personal de honorarios contratados con cargo a los recursos del fideicomiso”.
No obstante, todavía la Presidencia tiene una salida para evadir la entrega de los documentos, pues en el resolutivo del recurso se le indica que en caso “de no encontrar la información” referida, podría “confirmar la inexistencia” de la misma, salida cada vez más usada por las dependencias federales para evadir la rendición de cuentas. Tal situación se pudo observar en el sexenio de Vicente Fox, lapso en que se declaró la inexistencia de documentos sobre el caso Atenco y el desafuero de Andrés Manuel López Obrador que, no obstante, estarán expuestos en el Centro Fox, una vez que sea abierto, según ha declarado el propio ex mandatario.
Por otro lado, el IFAI ordenó a la Procuraduría General de la República entregar las listas detalladas de los archivos generados por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creadas de noviembre de 2001 al 26 de marzo de 2007, cuando concluyeron sus funciones.
Dichas listas deben incluir información administrativa, del catálogo y organización de los documentos y de los expedientes clasificados como reservados.