Justicia, no carpetazo, piden los familiares de Brad Will
Sin sustento, la hipótesis de que fue asesinado por un miembro de la APPO
La familia del periodista estadunidense Brad Will, asesinado hace un año en Oaxaca, durante un enfrentamiento en la barricada de Santa Lucía del Camino, cerca de la capital estatal, insiste en exigir al gobierno mexicano que realice “una investigación correcta y transparente, que se agoten todas las líneas posibles y que se arrojen resultados verificables y convincentes”, plantea en entrevista Miguel Ángel de los Santos, su asesor legal.
Contrario a versiones extraoficiales de la Procuraduría General de la República, que afirman que el caso está “a punto de ser cerrado”, a un año del asesinato del corresponsal de la agencia alternativa Indymedia, la averiguación previa del caso “está lejos de concluir”, explica el abogado.
Apenas el viernes 19 de octubre la averiguación fue atraída por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), que tendrá que confrontar y agotar las dos hipótesis que se manejan en torno a esta muerte. Una, que el informador murió por los disparos hechos a 30 metros de distancia por policías y funcionarios municipales que trataban de hacer retroceder a balazos a los activistas apostados en la barricada. Dos, que alguno de los activistas situados al lado de Will le disparó a una distancia de dos metros. Esta última línea fue privilegiada por la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, mientras el caso estuvo en su ámbito.
La primera línea que surgió inmediatamente después del enfrentamiento en Santa Lucía del Camino, donde resultaron heridas dos personas más, fue que Brad Will murió por los disparos hechos por los policías y funcionarios del municipio contra manifestantes de la APPO y periodistas a unos 30 metros de distancia. Incluso dos de ellos, Santiago Zárate, escolta del presidente municipal, y Pedro Carmona, policía local, fueron detenidos 48 horas después y liberados un mes más tarde por falta de pruebas.
A mediados de noviembre del año pasado, las autoridades del gobierno de Ulises Ruiz hicieron circular la versión de que después del primer disparo que recibió Will de frente, a la altura del esternón y que le provocó la muerte de forma casi inmediata, recibió un segundo “para rematarlo” en el trayecto entre Santa Lucía y la Cruz Roja de Oaxaca.
El 15 de noviembre del año pasado, la procuradora de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Cañas Cadeza, dio un giro a la investigación, al declarar que las balas que mataron a Will fueron disparadas por un miembro de la APPO en la barricada, como parte “de una conspiración para internacionalizar el conflicto, producto de una acción concertada”. Esta es la “hipótesis del tiro a corta distancia”.
“No hay un solo peritaje concluyente en este sentido”, refuta De los Santos. “Desde el inicio de la investigación, desde la misma autopsia, detectamos irregularidades. Más adelante vimos que el manejo que se le dio a la investigación pretendía sesgarla en favor de la hipótesis del disparo cercano. Pero nuevas investigaciones y los elementos probatorios con los que contamos hasta ahora no demuestran esa versión”.
Hasta ahora, la defensa de la familia Will ha centrado su estrategia en la recopilación de testimonios de las personas que estuvieron ese día (27 de octubre de 2006), a esa hora (cerca de las tres de la tarde), en la calle Benito Juárez, en Santa Lucía del Camino.
“Primero logramos que se descartara la versión de que el segundo disparo (que entró en sedal en el costado izquierdo del periodista) fue hecho lejos del lugar del enfrentamiento, en el trayecto hacia la Cruz Roja”, lo que hacía recaer la responsabilidad en el grupo de jóvenes que intentaron poner a salvo al estadunidense. “Presentamos fotografías y videos que muestran la segunda herida de bala desde los primeros momentos en que Brad fue abatido. Esa versión fue desvirtuada, totalmente, y la procuraduría ya la desechó”.
De los Santos asegura: “No estamos convencidos de que la hipótesis del disparo cercano pueda ser demostrada. No hay una sola prueba concluyente”.
Por el contrario, tratan de demostrar, a partir de las declaraciones ministeriales de periodistas y activistas que estuvieron al lado de Brad Will a la hora de su muerte, que los disparos que le costaron la vida fueron hechos de frente y a una distancia de unos 30 metros. “Todos nuestros testigos coinciden en afirmar, sin lugar a dudas, que los disparos provenían del otro lado de la barricada; nadie vio disparar a ninguno de los miembros de la APPO”, afirma el abogado, quien admite que sería posible que los testigos no se hubieran percatado del primer tiro, pero que es imposible que no hubieran visto nada en una segunda detonación si el autor de ésta hubiera estado situado cerca de ellos. También presentaron fotografías y videos que demuestran lo anterior.
Se ha demostrado pericialmente que ambas balas procedieron de la misma arma.
Entre los testimonios está el de Osvaldo Ramírez, fotógrafo del diario Milenio, quien resultó herido por la misma andanada de disparos que venían del lado opuesto de la barricada 10 minutos antes de los dos tiros fatales contra Brad Will. Ramírez sostiene que al recibir un impacto fue retirado del lugar y que, mientras lo atendían a varios metros de distancia, siguió oyendo disparos que venían de la misma dirección.
“Estamos trabajando para corroborar estos testimonios, que tienen sentido y lógica evidente”, aclara el asesor legal.
Howard y Cathy Will, padres de Brad, y su hermano Craig, quienes residen en Estados Unidos, viajaron a Oaxaca en marzo para conocer de primera mano el desarrollo de las investigaciones. Justo en esos días el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República. En ese momento se informó que la FBI había ofrecido asesoría a los investigadores mexicanos y que su colaboración fue rechazada. Al concluir su visita, la familia Will expresó su decepción por la falta de avances en la averiguación.
Otras pruebas presentadas por la defensa son videos y fotografías de periodistas tomadas a una distancia de 30 metros, aproximadamente, que lograron captar imágenes de hombres disparando con pistolas contra los manifestantes. Cinco de ellos han sido identificados: Carmona y Zárate, Orlando Manuel Aguilar Coello, comandante de la policía municipal, y Juan Carlos Soriano y Juan Sumano, elementos de la policía local. Todos están libres.
La FEADP tiene, en el caso de Brad Will, “la oportunidad de demostrar que puede ser un mecanismo eficaz para la defensa de la integridad de los periodistas. Pero sólo si lleva a cabo esta investigación con imparcialidad, objetividad y profundidad, y arroja resultados convincentes”, opinó Miguel Ángel de los Santos. Pese a las presiones de la procuraduría estatal por cerrar la instrucción y adelantar conclusiones, la defensa insiste en que la averiguación aún está en la fase de desahogo de pruebas. “Estamos en la idea de presentar nuestros propios estudios periciales”, informó.
En cuanto al apoyo brindado por la embajada de Estados Unidos, De los Santos comentó que “hasta donde he percibido, dentro de sus limitaciones, la misión diplomática mantiene una actitud de colaboración. Sí hay interés en aclarar los hechos y el embajador Antonio O. Garza personalmente se mantiene pendiente”.
El día que murió Brad Will otras tres personas fueron asesinadas en enfrentamientos similares en otras barricadas: Emilio Alonso Fabián, Esteban Ruiz y Esteban López Zurita. Ninguno de estos crímenes se ha aclarado.