Argumenta que las “vitales” modificaciones no fueron revisadas con minuciosidad
Presiona el PRI al gobierno chiapaneco para que detenga la reforma electoral
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 26 de octubre. En menos de una semana, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, propuso una reforma electoral para homologar las elecciones estatales con las federales –a partir de 2012–, el Congreso del estado la aprobó y, finalmente, el mandatario se retractó, al solicitar a los 118 ayuntamientos de la entidad que no la ratificaran.
Por conducto de la subsecretaria de Gobierno del estado, Blanca Ruth Esponda, el mandatario argumentó que aprobar dicha modificación tendría un “alto costo económico, social y político”, por una supuesta amenaza de expulsar de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a los alcaldes que la ratificaran.
Lo anterior alude a la aprobación que se requiere de los ayuntamientos para que los cambios a la ley electoral del estado entren en vigor.
Sin embargo, sólo 52 de los 118 ayuntamientos son priístas y únicamente se requiere la aprobación de 50 por ciento más uno de los cabildos, es decir, podría ratificarse sin el aval de los ediles del tricolor.
El pasado lunes, Sabines Guerrero dio a conocer que envió al Congreso local una iniciativa de ley que recogía los puntos principales de la reforma electoral federal.
Entre otros puntos, el documento contemplaba la homologación de los comicios locales con los federales; la transformación del actual Instituto Estatal Electoral; la creación de un tribunal de justicia electoral y administrativa; la prohibición a partidos, políticos y coaliciones –directamente o a través de terceros– de contratar tiempos en radio y televisión.
Dos días después de que el Legislativo recibió la iniciativa de ley, en sesión extraordinaria la aprobó por unanimidad, con el voto de 30 de los 40 legisladores, ya que 10 diputados del PRI se negaron a asistir a la reunión.
Posteriormente la envió a los 118 ayuntamientos para que la ratificaran o rechazaran, y una vez que 60 de éstos la aprobaran sería publicada en el Diario Oficial para que, a partir del primero de enero de 2008, entrara en vigor.
El mismo miércoles, el Comité Directivo Estatal del tricolor emitió un comunicado, en el cual manifestaba que sus dirigencias estatal y nacional rechazaban la reforma, porque “fue hecha al vapor y no tomó en cuenta la opinión de los partidos políticos”.
En el texto se decía que Beatriz Paredes y Arely Madrid, dirigentes nacional y estatal del PRI, respectivamente, sostenían que por ser una ley de “vital importancia y trascendencia” debió haber sido aprobada con mayor tiempo y revisada con minuciosidad.
Argumentaban que no fue consultada con anticipación con los diferentes actores políticos del estado, y tampoco se dio tiempo a los legisladores para que la evaluaran.
El jueves en la noche la Secretaría de Gobierno del estado convocó a los representantes de los medios de comunicación a asistir a una conferencia, en la cual se haría un “urgente” pronunciamiento en voz de la subsecretaria Blanca Ruth Esponda.
La funcionaria hizo un amplio recuento del contenido de la reforma, se refirió a la postura del PRI y sostuvo que “reconoce que toda reforma electoral debe contar con el aval de los partidos políticos, actores fundamentales de los procesos electorales”.
“Es por ello que el Ejecutivo del estado hace un llamado respetuoso a los honorables cabildos, particularmente a los emanados del PRI, para que no aprueben dicha reforma y así superar la amenaza de expulsión de la que han sido objeto ellos y los legisladores priístas que aprobaron la modificación”, señaló.