La otra palabra y las tergiversaciones sobre Acteal
A casi 10 años de haberse cometido una de las masacres más sangrientas en la historia reciente de Chiapas, los intentos por rescribir los acontecimientos para negar la responsabilidad gubernamental han causado la indignación de los sobrevivientes y de los familiares de los 45 hombres, mujeres y niños asesinados brutalmente por grupos paramilitares en la comunidad tzotzil de Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, el 28 de diciembre de 1997.
El artículo de Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos, el anunciado libro de Eric Hugo Flores y el intercambio de cartas en El Correo Ilustrado de La Jornada, han puesto en el centro del debate viejos argumentos que pretenden presentar la masacre como producto de pugnas intracomunitarias. A pocas semanas de acontecida la masacre, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas visitaron las oficinas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Sureste, en San Cristóbal de las Casas, en aquel entonces bajo mi dirección, para solicitarnos un estudio en el que explicáramos “la manera en que las prácticas culturales de los tzotziles de San Pedro Chenalhó permitían entender los rituales de guerra utilizados en la masacre de Acteal”. La manera en que se planteó la “pregunta de investigación” provocó el rechazo de todos los investigadores de mi centro de trabajo, que se rehusaron a colaborar con un estudio así.
Preocupadas por la manera en que los argumentos culturales podrían ser utilizados para justificar la masacre, o al menos para deslindar a los poderes locales de sus responsabilidades políticas, un grupo interdisciplinario de investigadoras que veníamos laborando en la región nos dimos a la tarea de preparar un trabajo académico de divulgación que permitiera contextualizar la masacre en el marco de procesos políticos y sociales más amplios. El libro La otra palabra. Mujeres y violencia en Chiapas. Antes y después de Acteal, publicado dentro de la serie Textos Urgentes del CIESAS (1998), a sólo cuatro meses de acontecida la masacre, reconstruye con base en una investigación histórica los vínculos entre los grupos de poder locales y los cacicazgos indígenas y nos permite entender las condiciones sociales que posibilitaron la creación de grupos paramilitares en la región de San Pedro Chenalhó.
La violencia utilizada en la masacre, las armas de alto poder y las botas militares que portaban los perpetradores rompían con las características de los conflictos intracomunitarios descritos por investigadoras como Ana María Garza y Graciela Freyermuth, quienes durante años habían analizado la violencia de género en ese municipio. Sus trabajos en este libro nos muestran que hasta antes de la masacre de Acteal la violencia nunca se había manifestado de manera masiva contra grupos de niños y mujeres, y las mutilaciones corporales habían estado ausentes de los conflictos comunitarios. Los “rituales de guerra” que la Comisión de Derechos Humanos pretendía “contextualizar culturalmente” eran muy similares a los descritos por el antropólogo Ricardo Falla en su obra Masacres de la selva, y apuntan más bien a una cultura de la contrainsurgencia, que tiene sus raíces sobre todo en los centros de adiestramiento de tropas especiales en Centroamérica y Estados Unidos.
Durante ese mismo año un semanario nacional publicó un artículo negando el alto nivel de violencia utilizado en la masacre, la existencia de mutilaciones corporales y el asesinato de mujeres embarazadas, poniendo en tela de juicio las denuncias de los sobrevivientes. La abogada Martha Figueroa, representante legal de las viudas y huérfanos de Acteal, colaboradora de nuestro libro, tuvo acceso a los reportes de las autopsias de los masacrados, que corroboran las historias de terror narradas por los sobrevivientes. La duda, sin embargo, había sido sembrada en la opinión pública, y por lo visto nuestro trabajo no logró contrarrestar a los ideólogos del Estado, que 10 años más tarde regresan a la hipótesis de las “pugnas intracomunitarias” para justificar la impunidad y evitar que se castigue a los verdaderos responsables al más alto nivel estatal y federal.
* Doctora en antropología, investigadora del CIESAS