La comisión especial sigue atribuyendo responsabilidad política al góber precioso, revelan
Excluye imputaciones penales dictamen de la Corte sobre el tema Cacho-Marín
El dictamen final del ministro Juan Silva Meza, responsable de la comisión especial que investiga la presunta implicación del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, en la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, está casi terminado y podría ser presentado al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la primera quincena de noviembre próximo, revelaron fuentes jurídicas cercanas al caso.
El planteamiento temático del proyecto elaborado por Silva Meza tendrá algunas variantes “de fondo” en relación con el discutido con anterioridad.
De entrada, el ministro y los magistrados federales que lo auxilian siguen atribuyendo “responsabilidad política” al llamado góber precioso, por haber violado gravemente las garantías individuales de la periodista y por violentar los principios democráticos de federalismo y división de poderes. Según las fuentes consultadas, la diferencia de este nuevo dictamen, que incluye la comparencia de Marín Torres, es que ya no se harán imputaciones penales directas.
Con esta redacción se busca evitar que los ministros que consideran que la Corte no debe asumir funciones de Ministerio Público cuando ejerce su facultad de investigación impulsen y aprueben el proyecto con una mayoría simple. Esta situación fue la que hace tres meses entrampó el dictamen preliminar durante su discusión en el pleno. La mayoría de los 11 ministros –sólo Genaro Góngora Pimentel y Sergio Valls Hernández apoyaron las conclusiones– consideró un “exceso” los planteamientos expuestos por Silva Meza, además de que determinó que no se podía concluir el informe sin haber garantizado el derecho de audiencia de los funcionarios investigados.
La oposición mayoritaria al dictamen preliminar se dio porque la comisión investigadora proponía que el mandatario poblano fuera sometido a juicio político en la Cámara de Diputados federal, por ser quien presuntamente organizó la confabulación de servidores públicos de esa entidad para detener e iniciar acción legal contra la comunicadora.
Asimismo, solicitaba que el pleno de la Corte sugiriera a la Procuraduría General de la República ejercitar acción penal contra los procuradores de Puebla y de Quintana Roo, Blanca Laura Villeda y Bello Melchor Rodríguez, respectivamente, ya que en diciembre de 2005 ambos intercambiaron llamadas telefónicas para coordinarse con la intención de detener a Cacho en Cancún.
También recomendaba que fuera desaforado el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, a fin de que se le pueda consignar ante tribunales.
Según las mismas fuentes, en el dictamen final se sostiene la sugerencia al Congreso de la Unión de empezar un juicio político a Mario Marín, aunque posiblemente se omita la petición a la PGR de que ejercite acción penal contra los otros servidores públicos.
Funcionarios judiciales que laboran en la Corte señalaron a este diario que hay quienes confían en que al menos tres ministros se sumen al proyecto para alcanzar mayoría (con seis votos) y que el tribunal deje en manos de otros poderes el destino de Marín.