Planean en San Lázaro regular monto de las pensiones y acotar otras prerrogativas
Iniciativa para reducir la carga que ex presidentes significan al erario
La Cámara de Diputados dio un primer paso para reducir y regular el costo que representan para el erario los ex presidentes de la República, al dar entrada a la iniciativa sobre bases de control de las pensiones y prestaciones de los ex titulares del Ejecutivo federal y sus familias. Con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, el documento pretende ahorrar a la sociedad –por lo menos– 205 millones de pesos cada año.
En 14 artículos y tres transitorios, la iniciativa de ley pretende ser de observancia general a la hora de otorgar pensiones, medios personales, materiales y servicios de seguridad con fondos del erario a los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
La aplicación y seguimiento de esta ley corresponde al Ejecutivo, por conducto de las secretarías de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública, para ser aplicada a quienes hubiesen desempeñado el cargo de presidente constitucional completando el periodo establecido para ello, o con carácter de interino o sustituto, pero no incluirá a quienes lo hayan hecho con carácter provisional.
Los beneficiarios tendrán derecho a disfrutar de una pensión vitalicia equivalente a 60 por ciento del salario de presidente constitucional en funciones, la cual será incrementada en la misma proporción y temporalidad.
La pensión será suspendida en los siguientes casos: cuando el beneficiario reciba ingresos derivados de otro cargo público remunerado, así como la percepción de ingresos resultantes del ejercicio profesional o actividad laboral, incluidos los pagos en especie, quedando exceptuadas las percepciones por actividades docentes e investigadoras; cuando el beneficiario fuere condenado como resultado de un juicio político, por algún delito grave que merezca como pena la privación de la libertad o atente gravemente contra la seguridad, las autoridades o las instituciones nacionales.
Al fallecer el ciudadano que haya desempeñado el cargo, su cónyuge disfrutará de una pensión equivalente a 50 por ciento del salario del presidente constitucional en funciones. En caso de muerte del cónyuge viudo, la pensión beneficiará en la misma cuantía a los hijos hasta alcanzar la mayoría de edad. La pensión será suspendida si la viuda contrae nuevo matrimonio.
Para preservar la seguridad y la integridad física de un ex presidente, la Secretaría de Seguridad Pública dispondrá de ocho elementos de la Policía Federal Preventiva del rango que se considere estrictamente necesario, así como de tres vehículos oficiales para él y su familia. La misma dependencia normará y justificará los criterios en los que se basa la temporalidad de la asignación o retiro de sus elementos, y el mencionado cuerpo de seguridad solamente funcionará dentro del territorio nacional y no podrá acompañar al beneficiario en los viajes que realice al extranjero.
Samuel Aguilar Solís, diputado del PRI, explicó que la pensión –en caso de aprobarse la iniciativa– corresponderá al sueldo mensual de un subsecretario, es decir, se ubicaría en 72 mil pesos, aproximadamente.
A la fecha, cada uno de los ex presidentes aglutina a su alrededor a 78 elementos de las fuerzas armadas, personal administrativo, autos y viajes. “En el momento de entrar en vigor –refirió Aguilar– pierden el estatus jurídico todos los decretos presidenciales en ese sentido; ninguno tendrá sustento jurídico. Estos decretos se comenzaron a aplicar con Luis Echeverría, quien firmó uno para que el Ejército brindara protección a los ex mandatarios. Miguel de la Madrid se ocupó de decretar la pensión para los ex presidentes. En el caso de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, que no cobran la pensión, la nueva ley prevé disminuir al mínimo la seguridad que les brinda el Estado Mayor Presidencial y reducir el pago de importe para viajes”.
Los 205 millones de pesos susceptibles de ahorrarse cada año serían suficientes para desarrollar programas de infraestructura médica, educativa, construcción de caminos rurales o mejora en la dieta de miles de mexicanos.