Se busca favorecer la reforma judicial calderonista e imponer los juicios orales, dicen
Inconforma a magistrados que se intente darles “cursos” por la Iniciativa Mérida
“Nada más falta que nos capaciten para juzgar como terroristas a migrantes, guerrilleros y narcos”
Jueces y magistrados del Poder Judicial Federal (PJF) están inconformes con el plan entre México y Estados Unidos que implicará una inyección de mil 400 millones de dólares para la adquisición de equipo sofisticado de combate al crimen organizado en nuestro país, ya que entre los propósitos de la llamada Iniciativa Mérida está el adiestramiento de impartidores de justicia en temas de delincuencia, terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero.
De acuerdo con juristas consultados por La Jornada, quienes solicitaron el anonimato, miembros del área de seguridad del gobierno calderonista han tenido reuniones con altos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para indicarles que el agresivo programa binacional antinarco incluirá cursos destinados a los juzgadores.
Las reticencias y desconfianzas de algunos impartidores de justicia en este tema son por el hecho de quiénes serán los capacitadores de los jueces. Los funcionarios consultados consideran que si se trata de especialistas estadunidenses, lo más seguro es que pretendan enseñar métodos de “persecución del delito y sistemas de oralidad” que son propios del sistema judicial inglés, pero que tiene escasa relación con el derecho romano.
“Con estos cursos va, sin duda, una carga implícita que busca favorecer la reforma judicial calderonista e imponer los juicios orales en México”, indicó un magistrado unitario.
“Nada más falta que nos capaciten para juzgar a migrantes, guerrilleros y narcotraficantes como terroristas”, aseveró un juez de distrito.
“La distancia entre el sistema de justicia de los estadunidenses es totalmente lejana al que se aplica en tribunales mexicanos; querer aplicar una justicia alejada de los legajos de expedientes por volver más rápidos los juicios implica un error que costará mucho dinero al Estado y no necesariamente representará juicios más apegados a la ley”, refirió un juez en materia de amparo.
Asimismo, los impartidores de justicia coincidieron en señalar que el compromiso del gobierno de Felipe Calderón con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, es contribuir con un fondo económico importante para fortalecer en el año presupuestal 2008 las labores de impartición de justicia.
“Este acuerdo previo (entre Calderón y Ortiz Mayagoitia) nos preocupa porque va de por medio el hecho de que aceptemos ser adiestrados por fuerzas de seguridad externas al país, y porque no representa un eficaz modelo de mejora de justicia (el cambiar el sistema de justicia mediante expedientes por un sistema de oralidad)”, señaló otro de los jurisconsultos.
Lo criticable de este proyecto de cooperación bilateral entre ambos países –el segundo más ambicioso que establece Estados Unidos para combatir al narcotráfico después del Plan Colombia, firmado hace una década– es que el gobierno de George W. Bush es el que establecerá las condiciones torales, mientras que las autoridades mexicanas quedarán supeditadas, concluyeron.