Editorial

Pemex: accidente y dudas

El accidente ocurrido el martes pasado en el pozo Kab-101 de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en la Sonda de Campeche, enlutó a dos decenas de familias, dejó un número indeterminado de heridos y provocó daños económicos y ambientales aún no evaluados. Hasta el cierre de esta edición, cuatro trabajadores continuaban desaparecidos, como lo reconoció horas antes frente a la Comisión de Energía del Senado de la República el director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, quien situó las muertes en 19 y prometió el pronto inicio de una investigación sobre el desastre. El funcionario atribuyó la colisión entre la plataforma Usumacinta y el choque del árbol de válvulas del pozo a condiciones climatológicas “excepcionalmente malas” que imperaban en la zona, y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira Quesada, culpó del accidente al cambio climático porque, según él, las olas de 12 metros que azotaron la plataforma superaron los estándares y sistemas de seguridad de Pemex.

Un accidente es, por definición, inevitable. Sin embargo, hasta ahora ningún funcionario ha respondido las preguntas que formularon antier en Ciudad del Carmen algunos de los deudos: ¿por qué la paraestatal y sus contratistas no desalojaron la plataforma si desde dos días antes de la tragedia ya se sabía que entraría un norte? ¿Quién y por qué decidió continuar las labores en el pozo con vientos de 130 kilómetros por hora y un oleaje excepcional?

Desde otro punto de vista, llama la atención que de los 19 fallecidos sólo cuatro fueran trabajadores de Pemex y el resto empleados de empresas contratadas por la paraestatal para operar el pozo. Siete de los muertos laboraban para la Compañía Perforadora Central, señalada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por violar derechos laborales, y operadora de una plataforma que, en abril de este año, sufrió un percance en el que perdieron la vida tres trabajadores de la paraestatal y resultaron heridos cinco de la empresa contratista. En esa ocasión, el diputado Cuauhtémoc Velasco atribuyó ese y otros accidentes a la carencia de mantenimiento, la falta de supervisión de técnicos de Pemex especializados en el manejo de las instalaciones petroleras y la deficiente o nula capacitación del personal.

Por añadidura, en estos días se ha hablado de las malas condiciones de mantenimiento en que se encuentran los botes salvavidas adheridos a las plataformas petroleras –conocidos entre los trabajadores petroleros como mandarinas, por su color anaranjado– y, de acuerdo con el testimonio de uno de los sobrevivientes del Kab-101, una de estas embarcaciones falló cuando algunos integrantes del personal de la plataforma trataban de salvarse en ella.

La suma de estos elementos no sólo da pie para sospechar la existencia de irregularidades y de decisiones inadmisibles en la génesis del desastre ocurrido el martes en la Sonda de Campeche, sino que evidencian el desmembramiento de la industria petrolera nacional, favorecido desde hace años por el Poder Ejecutivo Federal no para dar mayor eficiencia y rentabilidad a la paraestatal, sino para abrir oportunidades de negocio a contratistas particulares, y no necesariamente en condiciones de transparencia y probidad.

En lo inmediato, ha de exigirse a las autoridades y a las empresas que no escatimen esfuerzos para rescatar a los trabajadores desaparecidos y para atender con justicia y humanidad a las familias de los fallecidos; en suma, que no se repitan en Campeche los indignantes maltratos y el desdén que han experimentado los deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, ni las escandalosas connivencias entre la empresa propietaria de ese yacimiento y las autoridades de la Secretaría del Trabajo.

Ciertamente, la investigación señalada ayer por Reyes Heroles es obligada y perentoria. Debe procederse a un minucioso deslinde de responsabilidades a fin de determinar si hay acciones que perseguir por el accidente por parte de funcionarios de la paraestatal y mandos de las empresas involucradas y, en caso afirmativo, imponer las sanciones correspondientes y corregir los procedimientos de seguridad ineficaces.

Más allá de las soluciones de emergencia y del esclarecimiento legal de lo ocurrido en el pozo Kab-101, es necesario restituir la dignidad del gremio petrolero, afectada por un sindicalismo charro que sigue siendo más aliado del gobierno que protector de sus agremiados, y rescatar a la industria energética nacional del contratismo privatizador que la carcome y que es impulsado sin pudor desde la cima del poder político.