La clase política opta por el uso de la fuerza, dicen en foro
La situación en el país en materia de derechos humanos ha empeorado
Atenco y Oaxaca evidencian que frente a las reivindicaciones de colectivos organizados que salen a la calle con demandas sociales, la clase política mexicana opta por utilizar la fuerza pública de manera excesiva e ilegal, coincidieron Luis Arriaga, Rosario Ibarra y Bárbara Zamora, en la cátedra que sobre derechos humanos organiza el Centro Fray Francisco de Vitoria.
Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, advirtió que la situación está empeorando, y cuestionó que los presidentes en turno tomen “lo más malo, lo más perverso de otros gobiernos” para aplicarlo durante su sexenio.s
La abogada y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hicieron un recuento de las violaciones cometidas en los casos de San Salvador Atenco y Oaxaca durante el gobierno foxista.
Zamora recordó que en el primer caso, el proceso que se sigue contra los detenidos, pobladores de la comunidad mexiquense, está plagado de irregularidades, y señaló al juez penal encargado de la causa, Jaime Maldonado, de aplicar de manera discrecional y arbitraria la ley.
Citó como ejemplo que han promovido cuatro amparos para revocar los autos de formal prisión, pero que a cada fallo el juez “vuelve a hacer un auto con nuevos elementos, que no existían ni en el expediente”.
Arriaga refirió que lo ocurrido con integrantes del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra presenta el mismo patrón que lo sucedido con integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
“Tanto en Oaxaca como en Atenco, las autoridades apostaron por una doble estrategia, consistente, por un lado, en la postergación indefinida de la solución a demandas sociales de colectivos y, por el otro, permitir que los conflictos alcancen niveles de polarización suficientes para presentar ante la opinión pública, o sirviéndose de una parte de ella, la inexistencia de salidas dialogadas”, y así dar paso a la “utilización excesiva e indiscriminada de la fuerza pública”.
Pero sobre todo, mantener la impunidad, “esa carente ausencia de justicia que niega el reconocimiento de la dignidad humana”.