Avances en hortalizas y algunos granos, pero problemas en oleaginosas y arroz

Cárdenas Jiménez: con el TLCAN ha habido “proyectos fallidos”

Dice que se interpondrá controversia ante la OMC por los altos subsidios estadunidenses

Matilde Pérez U.

A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la producción de granos, hortalizas y otros productos del campo ha crecido al doble, aunque en algunos casos, como en el de oleaginosas y el arroz, “las cosas no han salido como esperábamos y ha habido proyectos y programas fallidos”, reconoció el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez.

En la 37 asamblea general ordinaria de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), apuntó que desde hace meses el gobierno solicitó a los productores de arroz todos los datos para interponer en la Organización Mundial de Comercio una controversia contra Estados Unidos por los altos subsidios que entrega a sus productores. “Nosotros defenderemos a los productores. No nos importa contra quién actuemos”, expresó.

Sin embargo, eludió profundizar en torno a la exigencia de las organizaciones campesinas de incrementar en 30 mil millones de pesos el presupuesto para el sector rural. “Ese es un asunto que corresponde a la Secretaría de Hacienda y a los diputados”, cortó. Agregó que el debate es sobre la transparencia en la asignación y uso de los recursos públicos, y por ello, a partir del próximo año, de los 155 programas que manejaban 15 secretarías, ese número se reducirá a 18, en tanto en la Sagarpa pasarán de 55 a ocho.

Cárdenas Jiménez, quien dijo ser integrante de la CNPR desde “hace muchos años”, comentó que el crecimiento del campo se frenó por las políticas públicas equivocadas, que derivaron en “el fracaso de Conasupo y Pronase, entre otras, además por el manejo poco transparente de los recursos, los cuales fueron aplicados con tendencias partidistas y para ganar votos”.

Ahora no sólo hay que tener un manejo más eficiente y transparente de los fondos, sino readecuar rápidamente los programas y las reglas de operación; en el caso de Procampo, se tratará de que los 16 mil millones de pesos que se le asignan sirvan también para mejorar los ecosistemas y reagrupar más las unidades de producción exitosas, puntualizó el funcionario.

Aunque los integrantes de la CNPR no le reclamaron el subejercicio del presupuesto, Cárdenas Jiménez aprovechó el foro para afirmar que en noviembre ya se habrá aplicado 95 por ciento de los recursos, y subrayó que en la dependencia “semana tras semana se busca el método para el uso responsable de la biotecnología”, pero no precisó cuándo se publicará el reglamento de la Ley de Bioseguridad.

En su intervención, la dirigente de la CNPR, María Esther Terán Velásquez, propuso la ampliación del Procampo por diez años y que se impulsen programas para la producción y se termine con la política asistencialista.

“Hay que rencauzar la entrega de los recursos, incrementar los montos de las inversiones públicas, establecer reglas de operación claras, eliminar la discrecionalidad en la aprobación de los proyectos y fiscalizar los fondos entregados”, concluyó.