Se pretende quitar la inmunidad a diplomáticos que exploten a sus empleados
Busca EU endurecer penas a países que fomenten o toleren la trata de personas
La reforma legislativa se analizará en diciembre
México podría ser sancionado
Washington, 23 de octubre. En la Cámara de Representantes estadunidense se cabildea una reforma a la Ley contra la Trata de Personas para quitar la inmunidad a los diplomáticos –nacionales y extranjeros– que cometen abusos, explotación laboral y/o sexual contra sus trabajadoras o trabajadores domésticos y de servicio, y además busca imponer sanciones a las empresas que incumplen sus promesas a los trabajadores extranjeros.
Dicha reforma podría aprobarse en diciembre próximo, junto con una iniciativa para modificar el Reglamento del Departamento de Estado, con el objetivo de “castigar a los países que, como México, se encuentren por dos años consecutivos en el nivel dos, en el Informe sobre trata de personas que publica anualmente el Departamento de Estado”.
Dichas sanciones serían el retiro de la asistencia militar, comercial y de ayuda económica a los “países desvergonzados que no hacen nada por mejorar su situación respecto al problema de trata de personas”, informaron fuentes del Departamento de Justicia y de la Oficina de Monitoreo y Combate a la Trata de Personas, así como organizaciones no gubernamentales que “cabildean esas modificaciones”.
México podría ser sancionado por Estados Unidos, ya que desde hace un par de años se encuentra en el nivel dos del Informe sobre trata de personas. En caso de que se aprueben las reformas, los países que sean señalados en el informe del Departamento de Estado sobre trata de personas serán sancionados.
Los abogados Luis C. de Baca y David S. Abromowitz, consejeros del área judicial de la Cámara de Representantes, manifestaron que se trabaja en una reforma a la ley contra la trata de personas para brindar nueva y mejor protección a las víctimas.
“Nos hemos dado cuenta de que existen abusos en el sector diplomático, es decir, hay embajadores, cónsules y funcionarios de otros países que deciden traer a sus empleados domésticos, y los maltratan y abusan de ellas y ellos. Si no lo hacen los diplomáticos personalmente, lo hacen sus esposos o sus hijos; hay quienes violan a las sirvientas, y no se puede actuar contra ellos porque tienen inmunidad”.
De igual forma, detallaron los abogados, se trabaja en modificaciones a la ley para sancionar a las empresas que “ofrecen a los trabajadores temporales de otros países empleo con salario, prestaciones y trabajo seguro, y cuando les dan las visas de trabajo no les cumplen lo prometido, los explotan laboral y sexualmente, y los maltratan”.
En este caso, apuntaron De Baca y Abromowitz, se busca “que las empresas o patrones que ofrecen esos empleos cumplan lo prometido o se les devuelva su dinero a los trabajadores engañados y sujetos a abusos, inclusive se podrán quitar sus bienes a las empresas para pagar el daño causado a los afectados”.
En una reunión de trabajo con organizaciones no gubernamentales mexicanas, con funcionarios de la Procuraduría General de las República (PGR), periodistas y funcionarios de la embajada de este país en México, abogados del área judicial de la Cámara de Representantes, fuentes del Departamento de Justicia, la Oficina de Monitoreo y Combate a la Trata de Personas del Departamento de Estado y ONG de este país, como Vital Voicdes y Polaris Project, informaron que se trabaja en esas reformas porque para Estados Unidos “el problema de la trata de personas es de seguridad nacional.”
Inclusive el coordinador de la sección contra la trata de personas del Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados Américanos (OEA), Manuel Fernando García, dijo que “sabemos que hay países que una vez que han sido señalados en el informe que emite anualmente el Departamento de Estado sobre este problema, inician procesos legislativos para aprobar leyes contra la trata de personas, pero también vemos que hay simulación, que no hay una voluntad real, y hacen leyes sólo con la intención de que pueda modificarse su calificación en la lista como país observado por EU por no hacer lo suficiente para combatir el problema”.
También, abundó, hay países que muestran esfuerzos reales para reducir este problema en su país, y sus congresos aprueban leyes para aplicar justicia, destinan recursos y hay una verdadera voluntad. “De cualquier forma, no por aprobar una ley, un país va a mejorar su calificación en la lista de países señalados, tendrá que demostrar su voluntad con hechos, y para ello deberá sancionar a quienes violan la libertad de sus trabajadores, quienes los explotan laboral y sexualmente”.