La empresa sólo espera la aprobación a los cambios a la ley de inversión extranjera
Autorizó Gil Díaz a CFE recursos para rutas de fibra óptica que usará Telefónica
Una semana después de la venta de Aeromexico, los grupos parlamentarios del PRI, PRD y PT en la Cámara de Diputados afirmaron que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien compareció ante comisiones, renunció a su responsabilidad de vigilar el proceso de enajenación de la empresa que, le advirtieron, podría derivar en responsabilidades jurídicas y políticas.
Este martes, después de una serie de tropiezos legislativos que atrasaron la comparecencia del funcionario, éste se presentó ayer en la Cámara de Diputados, cuando el propósito de la comisión del transporte que lo citó fue originalmente exigirle intervenir en la venta de los activos de la empresa en manos del IPAB.
En la reunión, que se realizó en el Salón verde, el diputado del PRI, Jesús Ramírez Strabos informó que el próximo martes en la sesión ordinaria su grupo parlamentario presentará una solicitud a la comisión de vigilancia para que ésta, a su vez, solicite a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar a fondo la enajenación de Aeromexico. “No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que a través de la simulación, se tolere el favoritismo que pudiera evidenciar un caso más de impunidad y de protección al influyentismo en la administración pública federal”.
El priísta cuestionó con dureza a Luis Téllez, quien sólo arqueaba las cejas ante las críticas, y refirió que cuenta con una copia del oficio que el secretario de Comunicaciones envió a la Secretaría de Gobernación para reiterar que la venta de Aeromexico fue competencia exclusiva del IPAB y de la SCHP, pero no de la dependencia a su cargo.
“Con esa excusa evadió usted una responsabilidad que le corresponde”, afirmó. También aseguró que en el fondo de la venta de las acciones en manos del IPAB está la transferencia del título de concesión que es una responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y por lo tanto Téllez sí estaba obligado a intervenir en la enajenación.
Además reprochó que el gobierno de Felipe Calderón se apresurara a realizar la operación a través de la Bolsa Mexicana de Valores para evitar el pago de impuestos en una operación por 250 millones de dólares para beneficiar a Banamex, “que hace seis años fue adquirido por accionistas extranjeros” y por tanto la entrega de Aeromexico al banco “podría ser violatoria de la ley de inversión extranjera, que sólo permite el 25 por ciento de inversiones de capital foráneo en el sector aéreo” nacional.
Resaltó que la venta no sólo está envuelta en la opacidad y el escándalo, sino en el “signo de sospecha o de posible tráfico de influencias que pudiera implicar responsabilidades de servidores públicos”. A simple vista se podría incurrir en omisiones graves que perjudicarían el despacho de los asuntos que son de su competencia y que, agregó, se sancionan administrativa y políticamente mediante una solicitud de juicio político.
Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y Crédito Público y ahora director general para México y América Central de la trasnacional Telefónica Movistar, autorizó una inversión extraordinaria por 30 mil millones de pesos –mediante contratos multianuales para el bienio 2006-2007– a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recursos destinados a construir 33 rutas de fibra óptica que serán rentadas a precio de regalo a la empresa española que ahora dirige.
Tal hecho se concretará una vez que las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI aprueben la modificación a la ley de inversión extranjera mediante la cual Telefónica tendrá las puertas abiertas a participar en el mercado de telefonía fija y móvil a ciento por ciento, y con la salvedad de que tendrá a sus servicio la infraestructura montada por el gobierno federal a través del pago de rentas mínimas.
Juan Guerra Ochoa, diputado del PRD, advirtió que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ya aprobó dicho esquema, el cual beneficiará, a través de un listado de aplicación de descuentos, a la empresa española.
“Entre finales del año 2005 y a lo largo de 2006, Francisco Gil Díaz impuso a la Comisión Federal de Electricidad el desvío de 30 mil millones de pesos para hacer el tendido de la red de fibra óptica que ahora el gobierno federal pondrá a disposición de Telefónica Movistar. El ex funcionario y ahora socio de esa empresa (Francisco Gil) preparó el escenario al utilizar a la CFE como presa para atraer la inversión extranjera”.
La propuesta del ex secretario de Hacienda se respaldó en la deuda, que cada año se engrosa más, de la Comisión Federal de Electricidad a través de los Pidiregas. A la fecha los proyectos de inversión diferidos en el registro del gasto ascienden en esa paraestatal a 200 mil millones de pesos.
El representante del partido del sol azteca, adujo que la Comisión Federal de Telecomunicaciones ha emitido una postura favorable para que la red de fibra óptica tendida por la CFE, cuya longitud asciende a 25 mil kilómetros, sea utilizada por la trasnacional que ahora dirige Francisco Gil Díaz.
“El ex secretario de Hacienda es un pícaro y cara dura que debe irse a la cárcel porque utilizó el dinero del erario para tejer la red de fibra óptica que ahora hábilmente aprovechará para incrementar las ventajas a favor de la trasnacional”.
Y es que la Comisión Federal de Electricidad tendió siete rutas en el año 2006 para favorecer el servicio de la redes fija y móvil en telefonía. En este proceso inicial el tendido abarcó ciudades como Distrito Federal, Puebla, Villa Hermosa, Poza Rica, Veracruz, Minatitlán, Coatzacoalcos, San Luis Potosí, Aguascalientes, León, Saltillo, Monterrey, Querétaro, Celaya, Salamanca, Zamora, Ciudad Victoria y Tampico.
A través de una inversión multianual, la CFE terminará de extender la citada red por 29 rutas más. A través de éstas se conectarán Piedras Negras, Torreón, Reynosa, Matamoros, Chihuahua, Mazatlán, Culiacán, La Paz, Tijuana, Morelia, Acapulco, Tapachula, Cancún, Veracruz, entre otras.