La iniciativa menciona la extinción del IEE; podría votarse antes del 15 de noviembre
Busca Juan Sabines empatar comicios de Chiapas con los federales a partir de 2012
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 22 de octubre. El gobernador Juan Sabines envió al Congreso local una iniciativa para homologar la legislación electoral de Chiapas con la reforma aprobada recientemente por el Congreso de la Unión y ratificada por las entidades.
De aprobarse, Chiapas sería el primer estado en hacer coincidir, a partir de 2012, las elecciones locales con las federales, y prohibir la contratación de tiempos en radio y televisión por los partidos, directamente o mediante terceros, entre otros puntos.
La iniciativa, que podría aprobarse antes del 15 de noviembre próximo –fecha en que termina su periodo la 62 Legislatura local–, se encuentra en análisis. El documento señala que para hacer coincidir las elecciones de alcaldes y diputados locales con los comicios federales de 2012, quienes entren en funciones en 2010 durarán en su cargo un año ocho meses por única ocasión.
Menciona también la extinción del Instituto Estatal Electoral (IEE), y en su lugar propone crear el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, integrado con cinco consejeros electorales, e incluir al presidente. El IEE actualmente está formado por nueve consejeros propietarios e igual número de suplentes.
La iniciativa de ley plantea que el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa sea la máxima autoridad jurisdiccional en la materia. Propone una contraloría de la legalidad formada por un contralor y no por tres, como actualmente sucede. Esta última instancia estará facultada para suspender la difusión de mensajes o programas de radio o televisión que denigren, injurien o dañen la imagen de partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos, autoridades electorales, gubernamentales o en general a cualquier institución relacionada con el proceso electoral.
En otros aspectos, la iniciativa de ley estipula que los partidos que realicen coaliciones o alianzas sin sujetarse a la ley, deberán reintegrar el financiamiento público que se les asignó para la elección de que se trate, con independencia de que podrán perder su registro o acreditación correspondiente.
Los partidos que pierdan su registro deberán reintegrar al erario estatal el excedente económico y los bienes muebles e inmuebles que hayan adquirido con recursos públicos estatales, de acuerdo con los procedimientos de liquidación y devolución que establezcan las leyes.
También quedaría prohibido contratar tiempos en radio y televisión que buscan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni en favor ni en contra de partidos o candidatos o precandidatos a puestos de elección popular.