Un espacio amenzado

La historia de exterminio del pueblo comca´ac es una de las más dolorosas y sangrientas de la historia reciente del noroeste mexicano. Despojos, reducciones poblacionales y defensa del territorio sagrado fundamento de la vida comunitaria.

Algunas familias actuales de Punta Chueca y Desemboque, las dos comunidades de la nación comca´ac en la costa de Sonora, son descendientes de las bandas nómadas que habitaron ancestralmente las islas Tiburón (Taheojc) y San Esteban (Xatoj Hax o Coftecol). La tradición oral señala que las islas, así como sus bahías, esteros, cuevas y montañas, fueron zonas de refugio que posibilitaron su sobrevivencia durante la "guerra del gobierno contra el pueblo seri".

Actualmente, el pueblo comca´ac, así como su estructura de gobierno y defensa (Consejo de Ancianos, Gobernador Tradicional y Guardia Tradicional), se mantienen contra los nuevos "megaproyectos".

En febrero de 2001, organismos empresariales, el gobierno federal y los gobiernos de los estados que comparten las aguas del Golfo de Baja California acordaron el inicio del megaproyecto de desarrollo turístico Escalera Náutica del Mar de Cortés, coordinado por Fonatur. Se están construyendo en distintas comunidades pesqueras y puertos, 27 Escalas Náuticas, Regiones Turísticas Integrales, infraestructura que facilite la conectividad terrestre-marítima, así como carreteras y caminos costeros que avasallan los recursos naturales y parten en pedazos ejidos y comunidades. Simultáneamente, otros proyectos dirigidos por intereses con rostro multinacional, ganan día a día espacios en estos territorios.

La empresas estadunidenses El Paso Energy y DKRW Energy con sede en Houston, Texas, a través de su filial en Sonora, Pacific lng., son responsables de instalar en Puerto Libertad, en las cercanías de Desemboque, la Terminal de la Regasificadora Sonora Pacific, una planta para descongelar gas licuado, que sería transportado a temperaturas bajo cero a través de las aguas del Golfo de California. Un 90 por ciento de este combustible será comercializado en Arizona, Texas y California y el resto en Sonora, principalmente con la Comisión Federal de Electricidad, Porcelanit, Ford y parques industriales de la región. La extensión del complejo industrial dejará encerrado el poblado de Puerto Libertad entre dos zonas de industria pesada, pues en años pasados se impuso la construcción de una Termoeléctrica.

Algunos actores sociales de la región han manifestado oposición a este tipo de proyectos, en particular la Red Fronteriza Salud y Ambiente (RFSA), que señala que "el análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Gas Natural Licuado (GNL) de Sonora descubre varias inconsistencias y faltantes de información que permitirían a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negar la autorización para la construcción del proyecto". El documento justificativo que conoce la Semarnat advierte las posibilidades de incendio y explosión, lo cual evidencia que grupos nacionales y trasnacionales de poder ejercen presión para imponer a toda costa esta amenaza para los pueblos costeros del Golfo de California. También se reconoce un eventual choque con mamíferos marinos como ballenas y la afectación de los ecosistemas en que se alimentan y refugian aves migratorias y otras especies de flora y fauna marina y del desierto. La empresa reconoce que generará apenas 50 empleos permanentes y 900 temporales y se acepta que el proyecto podría generar más de una tonelada diaria de basura y altos volúmenes de ruido. Además, el aumento en la población de Libertad implicaría un alza en la demanda de agua potable, que escasea en esta región desértica. Señala rfsa: "La Terminal de gnl Sonora en Puerto Libertad no ofrecerá empleos permanentes, generará un problema social de inmigración acelerada y agudizará la crisis de los servicios públicos del municipio de Pitiquito, poniendo en peligro de incendio y explosión a la población, no utilizará los servicios de constructoras o proveedores locales sino en una mínima proporción ni generará una derrama económica en el Estado".

Al respecto, la sociedad liberteña está dividida: de un lado los ejidatarios que identifican este proyecto como oportunidad para vender tierras a los inversionistas. Del otro, los pescadores ribereños que se oponen, pues consideran que es un riesgo latente para la fauna marina un eventual derrame del líquido en el golfo. En contraste, la comunidad comca ´ac mantiene una posición cautelosa y expectante, pero firme al rechazar con antelación cualquier acción que amenace su territorio histórico y sagrado en nombre del progreso y el desarrollo. En Punta Chueca y sobre todo en Desemboque se sabe que las rutas marítimas y terrestres que se trazarán para trasladar el gas pueden afectar su territorio ejidal, cercano a Puerto Libertad. Asevera un habitante de esta comunidad: "Nos va a perjudicar a nosotros también porque estamos cerca y las corrientes se conectan; lo que estamos pensando es que no nos va a beneficiar la gasificadora, al contrario. Y hay un territorio que tenemos cerca de donde va a pasar la carretera costera, ya nos han dado mapas donde se va a ubicar". El territorio en riesgo se encuentra dentro del Ejido Comca´ac.

Existe plena conciencia en el pueblo seri de que la ruta que seguirán los barcos desde algún punto del Pacífico hasta Puerto Libertad pone en riesgo espacios marinos e insulares importantes por su carácter sagrado. Existe el temor de que la ruta de navegación pase en medio de Isla Tiburón e Isla San Esteban, pues aseguran que los voceros de El Paso Energy y DKRW Energy, cuyos dueños eran ejecutivos de Enron y uno de ellos ex-secretario de las fuerzas armadas de Estados Unidos, han mostrado en diferentes cartografías los trazos que marcan esa ruta. Esto último revela el riesgo en que se pone una corriente marina considerada sagrada por el pueblo comca´ac, sobre todo por los descendientes de las bandas de San Esteban. La palabra de los ancianos dice que hay una corriente allí que el pueblo comca´ac respeta mucho, pues hay una historia que indica "cómo se deben hacer las navegaciones hacia San Esteban". Se cuenta que antes había una víbora muy grande que rodeaba la isla y la protegía. Cuando alguien trataba de pasar a la isla, la víbora lo mataba porque es sagrada y no estaba permitido el acceso a los hombres. En algún momento, "un anciano comca´ac cantó una canción de poder para que la víbora se metiera al fondo del mar y ya no estorbara a los que navegaban, y según cuentan el señor hizo que la víbora se metiera al fondo del mar y se convirtió en corriente". Actualmente, los seris que tratan de llegar a la isla deben cantar seis canciones, realizando ciertas prácticas rituales, pues al acercarse a la orilla "hay una corriente muy fuerte que le llamamos Ixot acoj, la más fuerte, hay varias corrientitas así y al final está la más grande y según nuestros ancestros dicen que ésa es la víbora que impedía que los navegadores pasaran a la isla a recoger frutas o agave. Por eso nos agüitamos, estamos en contra de que pasen por nuestro territorio los barcos".

El pueblo comca´ac exige a sus autoridades y representantes convertirse en guardianes del territorio y el saber tradicional que lo ha conservado. La construcción de la resistencia colectiva ya ha empezado y las amenazas de despojo perpetradas por el capital, empiezan a ser tema de la vida cotidiana.
 
 

El despojo de las fuentes de vida

El mar es territorio comunitario y los pueblos que viven en los litorales de México lo tienen más claro que nadie. Para ellos el mar es fuente de alimento, vida y cultura; de relaciones entre pueblos y de ellos con la naturaleza. El mar es la comunidad y no un mero recurso sujeto a compraventa. Sin embargo, para la nueva Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable --decretada el 24 julio de este año y que entrará en vigor este 22 octubre-- el mar es una fuente de ganancias que debe ser apropiada. Una fuente más de negocios privados para los que la vida comunitaria de los pescadores es un verdadero obstáculo.

Desde 1999, en el gobierno de Ernesto Zedillo, se establecieron las principales estrategias para incentivar negocios privados en pesca y acuacultura --que desarticulan la vida comunitaria de los pescadores. El Reglamento de la Ley de Pesca presentado por la entonces Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), hoy Semarnat, redujo las "comunidades" sólo al individuo y a sus dependientes directos. Bajo la noción de "pesca de consumo doméstico", supuestamente dirigida a proteger a las comunidades y en la que los permisos y concesiones de pesca no son necesarios, quedó prohibido pescar en colectividad y hacerlo para el intercambio. Las comunidades pesqueras no dedicadas a los negocios privados desaparecieron para esta norma, por lo que su actividad y existencia fue criminalizada.

Pero este reglamento no sólo limitó la forma de organización comunitaria de la pesca. Limitó además el acceso a algunas especies y restringió el uso de instrumentos técnicos para llevarla a cabo. Con la intención de cuidar los intereses privados de concesionarios o permisionarios y bajo el ardid de la sustentabilidad, este reglamento prohibió a las comunidades la pesca de especies ya concesionadas y restringió su actividad al uso de redes y líneas manuales e individuales por cada pescador. Mecanismos que en los hechos implican cuotas máximas de extracción dado la capacidad individual de producción y consumo de cada pescador y sus dependientes. La pesca para el intercambio entre individuos de la misma comunidad, o entre ellos y miembros de otras comunidades, es ahora una práctica prohibida por las leyes mexicanas. Incluso, si deciden formar una cooperativa comunitaria y pedir la concesión de un área determinada para pescar "legalmente", ésta sólo se otorga para extraer una sola especie o grupo reducido de ellas y no para la diversidad de especies de las que se conforma su dieta. Por lo que, al igual que la pesca doméstica, la pesca concesionada organizada en cooperativas ve limitada su vida comunitaria.

Esto lo saben bien las comunidades cucapás en Baja California, pues por venir haciendo lo que hacen desde hace nueve mil años, es decir, pescar y vivir de diversas especies, ya han sido presas de decomisos, destrucción de sus pangas, órdenes de aprehensión y hasta amenazas de muerte. Todo por pescar sólo siete kilogramos de camarón, especie de extracción prohibida para ellos. Para la inspección y vigilancia de las normas estipuladas en el Reglamento de Pesca vigente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se auxilia de la Secretaría de Marina. Y para quien no las cumpla existen desde amonestaciones civiles y decomisos de especies, hasta decomisos de sus instrumentos de pesca y embarcaciones, multas e incluso prisión.

Pero la privatización del mar y la desarticulación de las comunidades del litoral mexicano que se instrumenta en la nueva Ley no se observa sólo en la actividad pesquera. El impulso a la acuacultura también limita la vida comunitaria. Mientras que con la concesión de extensas áreas para el cultivo de especies marinas se privatizan lagunas de propiedad común, la comunidad se ve limitada por la destrucción de los ecosistemas costeros que supone la acuacultura. Por más que las normas ambientales presuman reducirla al mínimo, el uso de fertilizantes, sustancias químicas y antibióticos producen eutrofización de lagunas y estuarios, la muerte de especies y la aparición de mareas rojas. Por lo que el monocultivo de especies marinas no sólo transforma ricos sistemas costeros biodiversos en enormes desiertos marinos "verdes", sino que llevan su destrucción hasta las aguas costeras.

Es el caso del proyecto del gobernador Ulises Ruiz que desde 2005 impulsa la creación de un campo de granjas camaronícolas en toda el área lagunar de la costa sur del Istmo a manera de los existentes en Sinaloa y Sonora. Monocultivo del llamado "oro rosado mexicano" que ha demostrado su agresividad ambiental y su eficacia en la destrucción del sustento de comunidades pesqueras.

Esta nueva legislación eleva el Reglamento vigente desde 1999 a rango de Ley, por la vía de los hechos. Los mecanismos de privatización del mar y lagunas costeras avanzan conforme se desarticulan los lazos comunitarios. Pero además, de esta nueva Ley tendrá que emanar su propio reglamento en un periodo no mayor a seis meses. Y así, como el Reglamento de 1999 fortaleció los mecanismos incluidos en la Ley de 1992 para privatizar y expropiar la riqueza marina a las comunidades pesqueras, de la nueva Ley aún tendrán que desplegarse nuevos mecanismos en su propio reglamento. No hay que perder de vista que los posibles mecanismos que restringen la vida comunitaria y se incluirán en este nuevo Reglamento emanarán directamente de la Sagarpa y no serán discutidos en el Congreso.

Conviene mirarnos en el espejo de otras experiencias donde se restringe aun más la vida comunitaria de los pescadores en beneficio de las empresas de pesca y acuacultura privadas. En Chile, por ejemplo, toda actividad pesquera requiere concesión, el título es objeto de compraventa y se estipulan cuotas máximas de pesca para todos: llamadas "Cuotas Individuales Transferibles". La figura de "pescadores artesanales" limita a las comunidades la pesca a una sola especie especies o grupo de ellas al tiempo que se vuelven presas de las presiones del mercado para la venta de su título de concesión.

El despojo de las fuentes marítimas de vida y la desarticulación comunitaria de la que son presas las comunidades pesqueras en Chile, ya sucede en México con la privatización del agua y la tierra. Son los mismos esquemas jurídico y administrativo que impulsan el mercado de concesiones de derecho de uso de agua y de propiedad ejidal y comunal de la tierra. Es la vuelta al latifundio de la tierra y la construcción del monopolio del agua, que se extiende también al mar. El resultado, la imposibilidad de que las comunidades rurales pueden sobrevivir como lo han hecho siempre siendo uno agua, tierra, aire y comunidad.

El despojo de sus recursos implica expulsión, éxodo, hacinamiento en cinturones urbanos de miseria y, en el mejor de los casos, sometimiento a relaciones salariales, cuando no a la absoluta marginación y exclusión. Defender el territorio es defender agua, tierra, cultura, comunidad. Luchar por el territorio es también luchar por el mar.