Condenan a Salvatore Mancuso a 40 años de prisión
Detienen a tres candidatos a alcaldías en Colombia por nexos con paras
Santafé de Bogotá, 21 de octubre. Cuando falta una semana para las elecciones legislativas y municipales de Colombia, la policía detuvo a tres candidatos a alcaldías en el departamento de Casanare, en la región centroeste, por sus presuntos nexos con paramilitares.
Los aspirantes adquirieron compromisos con los paramilitares disidentes de esa región del país y tenían planeado entregarles 10 por ciento del presupuesto de obras y servicios públicos de cada municipio a grupos ilegales, informó la policía colombiana, que actuó en colaboración con la Fiscalía.
Los capturados era candidatos a las alcaldías de las localidades petroleras de Villanueva, Marleny Castillo, y de Sabanalarga, Juan Bernal y Plutarco Preciado, quienes habían pactado con las Autodefensas Campesinas del Casanare, grupo de ultraderecha que se mantuvo en armas tras la desmovilización de 32 mil paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El caso se enmarca en el proceso de la “narcoparapolítica”, una causa judicial que puso al descubierto los nexos entre connotados dirigentes y los paramilitares, y que mantiene en la cárcel a 14 congresistas –casi todos ligados al partido gobernante– por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Este asunto es seguido de cerca por la Corte Penal Internacional (CPI), según dijo el fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, en entrevista publicada por el diario local El Tiempo.
De otro lado, el líder paramilitar desmovilizado, Salvatore Mancuso, fue condenado a 40 años de cárcel por el asesinato de un líder sindical en 2001, aunque la pena quedó suspendida automáticamente a la luz de una legislación especial, según informaron fuentes judiciales el sábado.
Mancuso fue hallado culpable del homicidio de Auris Sará Marrugo, presidente en la ciudad de Cartagena de la Unión Sindical Obrera, y de un escolta del dirigente, en un atentado cometido el 30 de noviembre de 2001.
El ex jefe paramilitar, sin embargo, quedó eximido de la condena debido a que lo beneficia la llamada “ley de justicia y paz”, marco jurídico del proceso de desarme de 32 mil combatientes de las AUC.
Dicha norma, aprobada por el Congreso a instancias del gobierno del presidente Alvaro Uribe, fijó penas de entre cinco y ocho años de prisión para los delitos de lesa humanidad, siempre que sus autores confiesen los crímenes y reparen a las víctimas.
A mediados de septiembre, la Confederación Sindical Internacional publicó un informe en París, según el cual Colombia fue en 2006, como en años precedentes, el país más mortífero del mundo para los sindicalistas, con 78 dirigentes asesinados, de un total mundial de 144.
En otro hecho violento, el dirigente Elmar Eliel Durán, del opositor partido Liberal y miembro de la Asamblea del departamento de Cauca, en el sur del país, fue ultimado en el municipio de Corinto por dos pistoleros que viajaban en motocicleta.
El gobernador de Cauca, Juan José Cháux, culpó del crimen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.