La venta de Aeroméxico fue “completamente transparente y exitosa”, declara
Defiende Carstens el seguro a empresas: el país será más atractivo a la inversión
Ampliar la imagen El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, al asistir ayer a una conferencia de prensa en la sede del FMI en Washington Foto: Ap
Washington, DC, 21 de octubre. La decisión del gobierno mexicano de solicitar la adhesión a un mecanismo del Banco Mundial que ofrece a los empresarios extranjeros seguros contra “riesgo político” busca hacer “más atractivo el país a la inversión extranjera” y pretende “completar el rango de las certidumbres que se puede ofrecer a los inversionistas”, declaró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens.
El funcionario respondió también a las críticas surgidas por la venta de Consorcio Aeroméxico a un grupo de inversionistas en el que Banamex, filial de Citigroup, tiene la mayoría de acciones. Carstens calificó esa proceso de privatización como “completamente transparente, exitoso y que mostró sus virtudes”.
En una conferencia de prensa en la embajada de México, el secretario de Hacienda ofreció más detalles sobre la solicitud del gobierno del presidente Felipe Calderón de incorporarse a un mecanismo del Banco Mundial que ofrece seguros contra “riesgo político” a empresarios extranjeros que inviertan en el país o a inversionistas mexicanos con intereses en otras naciones adherentes.
Este domingo La Jornada publicó que, en coincidencia con el incremento en México de actos violentos atribuidos a grupos guerrilleros o a otros relacionados con el crimen organizado, el gobierno federal había solicitado la adhesión al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) para ofrecer “seguros contra riesgos políticos” a empresas extranjeras que deseen invertir en el país. Ese mecanismo tiene también entre sus funciones asegurar proyectos de inversión privada, en caso que se frustren planes de privatización de empresas estatales o se causen pérdidas por actos de sabotaje o terrorismo.
En la conferencia de prensa, Carstens comentó que el MIGA, entidad del Banco Mundial, ya tiene gran número de países adscritos (174, con la incorporación hoy de Irak) y México era la única nación “mediana-grande de mayor peso” que no tenía suscrito el acuerdo.
Explicó que el MIGA tiene por objeto cubrir algunos riesgos a inversionistas extranjeros y constituye una facilitad que da el Banco Mundial. Puede beneficiar al país porque lo hará más atractivo a la inversión extranjera. “Este acuerdo permite que un tercero corra algunos riesgos, que consideramos que son extraordinariamente remotos, pero es importante darles esa facilidad a los inversionistas”. Es por esa razón que, abundó, el gobierno mexicano ha decidido dar este paso, con lo que “se acompleta el rango de las certidumbres que el país puede ofrecer a los inversionistas para que eso conlleve a mayor crecimiento”.
El seguro contra “riesgo político” como el que proporciona MIGA ofrece cobertura tanto a los empresarios extranjeros que inviertan en México, como a los mexicanos con intereses en otras naciones adheridas al mecanismo, confirmó el secretario Carstens. Dijo que el gobierno aportará una suscripción de 1.3 millones de dólares y, para que cobre vigencia, deberá ser ratificado por el Senado sin que sea necesario modificar ninguna ley.
Aeroméxico, “nada bajo la mesa”
La semana pasada concluyó el proceso de privatización de Aeroméxico, la principal compañía aérea del país. El gobierno federal, a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la Secretaría de Hacienda y Nacional Financiera, detentaban el control de la compañía, que pasó a manos del Estado después de la crisis de 1995. El grupo ganador está formado por Banamex, la filial en México del estadunidense Citi, con 49 por ciento de las acciones, y otros 14 empresarios, sin ninguna experiencia en la industria de aviación comercial, con 51 por ciento. El precio de venta fue de 249.1 millones de dólares.
El proceso de venta ha sido criticado tanto por uno de los perdedores de la subasta, la familia Saba, que acusa falta de transparencia y claridad, como desde el sector político por la izquierda, que considera que el gobierno federal benefició a un grupo en el que hay varios empresarios que apoyaron al candidato de Acción Nacional en la elección federal de 2006.
Agustín Carstens, al responder a una pregunta sobre las críticas, afirmó que el proceso de venta seguido en Aeroméxico “fue completamente transparente”. De hecho, aseveró, “no ha habido ningún proceso en el cual hora por hora, y de hecho, así terminó el asunto, segundo por segundo, se conocían las posturas de los diferentes participantes”.
En palabras del secretario de Hacienda, “fue una venta que se hizo con base en ofertas públicas que están amparadas por la ley del mercado de valores, que básicamente están diseñadas para que todos los posibles compradores y vendedores tengan información oportuna sobre el proceso”.
Aseguró que todos los requisitos de ley fueron cubiertos por los participantes y se cumplieron todos los procedimientos que deberían seguirse conforme a la ley del IPAB, –que establece que la venta de activos debe hacerse en función de obtener el mayor beneficio para el Estado.
“Pienso que fue un proceso muy exitoso, que mostró sus virtudes, fue un proceso en el cual se vio cómo al inducir pujas competitivas las autoridades pudieron obtener un valor bastante superior a lo que se había ofrecido. En nuestra opinión, todos los elementos están a consideración de la sociedad para que se verifique que el proceso fue imparcial y transparente”.
En otra parte de la conferencia de prensa, el titular de Hacienda aseguró que la recién aprobada reforma fiscal agregará medio punto porcentual al crecimiento de la economía mexicana en 2009. En ese sentido, mencionó que el gobierno federal mantiene una previsión de incremento del producto interno bruto (PIB) de 3 por ciento en 2007 y 3.7 por ciento en 2008.
Comentó que el pronóstico del Fondo Monetario Internacional en sentido de que el PIB de México aumentará 2.9 por ciento en 2007 y 3 por ciento en 2008 “está muy castigado”, y no toma en cuenta que el sector industrial de Estados Unidos, de cuya evolución depende la economía mexicana, “está intacto” de la crisis que afecta a la industria inmobiliaria. “Ese es el factor fundamental por el que no coincidimos plenamente con el FMI”, agregó.