Opción ante el creciente desempleo, dicen en congreso
Llaman a estimular el cooperativismo en México
La ausencia de políticas públicas de financiamiento e impulso a las cooperativas en el país ha propiciado un rezago en el tema respecto de naciones latinoamericanas que han reformado sus constituciones y legislaciones y modificado sus instituciones con el fin de fomentar la economía social, principalmente la de aquellos sectores poblacionales menos favorecidos, refiere la carta declaración del primer Congreso Internacional sobre Legislación y Políticas Públicas de Fomento Cooperativo.
En el texto, los participantes demandaron la readecuación al artículo 25 constitucional, en su apartado social de la economía, y reformas sustantivas a la Ley General de Sociedades Cooperativas, “haciendo un puntual reconocimiento a su naturaleza social y no mercantil”.
Destacaron que el cooperativismo es una realidad histórica impulsada en diversas naciones, por lo que, “a pesar de la involución legislativa” en el país, emitieron un llamado al sector cooperativo a redoblar esfuerzos para incidir en la agenda nacional de los grandes temas, con el fin de que se perfilen políticas públicas en los tres poderes de la unión.
El tema social y cooperativo –se agrega en el texto– crece en trascendencia nacional e internacional, motivado por el impulso combativo de los movimientos sociales y cooperativos mundiales a causa de la desigualdad e injusta distribución de la riqueza, el creciente desempleo, la marginación y la migración forzada que arroja la aplicación extrema del modelo neoliberal.
Indica que entre los casos más destacados se encuentran las experiencias de Colombia, Brasil y Argentina, que han impulsado medidas para el desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual.
De la tercera nación mencionada refiere el funcionamiento del Banco Credicoop, uno de los pocos que sobrevivieron a la crisis de 2002-2003 y que se negó en su momento a aplicar la política del corralito, “protegiendo así los intereses económicos de sus asociados”.
A Venezuela la considera “el caso más sobresaliente”, ya que desde 1999 su Constitución exige que el Estado promueva y proteja a las cooperativas. Esta medida creó el Ministerio de la Economía Popular, encargado de velar por el cumplimiento de la disposición constitucional.