Enrique Peña, Mario Marín y Ulises Ruiz, acusados
Tribunal popular exige “castigo a criminales de lesa humanidad”
San Salvador Atenco, Mex., 21 de octubre. La Audiencia del Juicio Popular Nacional, en el que participaron decenas de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y campesinas, exigió que los “criminales de lesa humanidad”, como los gobernadores de los estados de México, Oaxaca y Puebla, Enrique Peña Nieto, Ulises Ruiz y Mario Marín, respectivamente, así como el ex presidente Vicente Fox, dejen de tener la protección del poder y puedan ser enjuiciados penalmente y castigados.
En el último día de trabajos celebrados en la explanada de San Salvador Atenco, las organizaciones hicieron un pronunciamiento por la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos. El “tribunal popular” escuchó durante dos días decenas de denuncias de represión y desaparición de luchadores sociales, y concluyó que se deben redoblar esfuerzos entre las organizaciones para enfrentar la embestida gubernamental.
Se quejaron de que los acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad se burlan de los esfuerzos que se han hecho para enjuiciarlos y castigarlos.
Juan de Dios Hernández, integrante del tribunal popular, señaló que ejemplos hay muchos: “Mario Marín (gobernador de Puebla) sigue despachando a pesar de las numerosas evidencias de su complicidad con las bandas del crimen organizado vinculadas con la pederastia. Ulises Ruiz (gobernador de Oaxaca) sigue reprimiendo al pueblo sin importar los más de 25 asesinatos que se le imputan, y Enrique Peña Nieto (gobernador del estado de México) promueve su candidatura para la Presidencia en 2012 al tiempo que ordena al Poder Judicial violar las leyes para mantener en prisión a los luchadores sociales de Atenco”.
El ex general Francisco Gallardo, quien forma parte de la “procuraduría popular”, señaló que la militarización de las estructuras del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y de seguridad pública se deben a una gran embestida que se está dando en contra de la población civil para criminalizar la protesta social.
“Quieren inhibir la protesta social en virtud de que los poderes económicos, mediante las políticas neoliberales, se quieren apropiar de nuestros recursos energéticos. Y no me refiero sólo al petróleo, agua, a la biodiversidad o a la tierra, sino a la fuerza de trabajo que representan los mexicanos”. Esta situación se debe a que buscan aplicar una política que es impuesta desde la Casa Blanca y el Pentágono, en donde “les queda a ellos como recurso último utilizar la fuerza armada para instrumentar los programas de carácter económico”, sostuvo.
Maria Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, denunció que su esposo fue condenado a 67 años de cárcel, que hace un año cinco meses que está encarcelado en el penal del Altiplano y que hasta el momento las autoridades no han permitido que lo visite.
“Me han puesto muchas trabas, muchos pretextos, como el que no estaba anotada para visitas o que no traía un documento, entre otras cuestiones”, dijo.
Trinidad Ramírez leyó un mensaje de Ignacio del Valle y otro de su hija, América del Valle.
“En caso de que el gobierno comience de nuevo con sus pretensiones –de construir un nuevo aeropuerto en Atenco–, estemos listos. Sé que su postura es firme, pero la vida nos indica que nos tenemos que preparar”, señala la carta.