La ciudadanía juarense contrainforma
La arrogancia de los políticos se concentra en los llamados informes de gobierno. A pesar de algunos avances en el orden federal, en muchos estados y municipios el rito del informe anual sigue siendo la ocasión para el elogio, para el monólogo, para la crítica anodina, cuando no para la autopromoción al siguiente puesto político.
Pero la ciudadanía va ganando espacios, o creándoselos cuando no se los quieren reconocer. Ha sido el caso del Informe ciudadano de la administración 2004-2007 del gobierno municipal de Ciudad Juárez a cargo del C. Héctor Murguía Lardizábal. Lo elaboran y lo presentan seis organizaciones civiles de la frontera: Organización Popular Independiente, la otra campaña, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Kasa de la Kultura para tod@s, Centro de Derechos Humanos del Migrante y la Pastoral Obrera. Es un documento de 18 páginas presentado al público el sábado 6 de octubre, no en un acto faraónico, sino en un hapenning celebrado en el Monumento a Juárez, donde se conjugan el análisis serio, la tocada de rock y de rap, la poesía, la exposición plástica y hasta quiebre de las piñatas confeccionadas por los jubilados y jubiladas del taller de la Pastoral Obrera.
El contrainforme no se anda con rodeos: “es testimonio y denuncia. Pertenece a toda la comunidad juarense como prueba fiel de que no somos un pueblo dormido y manipulable a capricho de gente sin escrúpulos… trata de concentrar información concreta sobre la manera sistemática en que el gobierno municipal de Ciudad Juárez ha violado la ley y los derechos de los ciudadanos, ha promovido la impunidad y la corrupción”.
El documento se divide en cuatro partes: desarrollo urbano, seguridad pública, violencia gubernamental y desarrollo social. En la primera documenta la negligencia de la administración municipal por realizar las inversiones para llevar a cabo el Plan sectorial de agua pluvial en las zonas de riesgo por inundaciones, lo que costó ya la vida de cuatro personas y ha hecho que numerosas familias hayan resultado damnificadas tres veces por las precipitaciones. Resalta asimismo la ofensiva del alcalde que culmina en despojar de su autonomía al Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Y el hecho de que, lejos de promover el desarrollo de segmentos vacíos en la zona urbana ya construida, como sugiere el Consejo Nacional de Población, impone autoritariamente el desarrollo de un nueva zona en Jerónimo Ciudad Vallina, violando abiertamente la ley para proteger grandes intereses económicos.
En sendos apartados sobre seguridad pública y “violencia gubernamental” las organizaciones civiles exponen el incremento de la violencia y la inseguridad en la frontera y documentan, además, varios casos de corrupción y delitos cometidos por agentes policiacos. Asimismo detallan numerosos casos en que la policía municipal arremete, detiene ilegalmente, extorsiona migrantes y reprime a mujeres transgénero y manifestantes. Y expone la imposición del “toque de queda” en contra de los jóvenes por parte de la administración municipal, a pesar de que ha sido considerado como “violatorio de los derechos humanos y de las garantías individuales”, por la comisión estatal en la materia.
Analiza también el descuido de la administración de Héctor Murguía por el desarrollo social, en una ciudad donde el deterioro del tejido social lo requiere con urgencia; el cierre de la biblioteca comunitaria Kyta Shawe, la incapacidad del ayuntamiento para arbitrar eficazmente en el conflicto por el que la familia Zaragoza mantiene cercada y en condiciones de campo de concentración a las pobladores de la colonia Lomas del Poleo; el desprecio a los proyectos de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Todo esto en contraste con el gran gasto –63 millones de pesos en autopromoción del alcalde– que ya se colocó en la fila para la gubernatura del estado. Esto, a costa no sólo del presupuesto para obras sociales, sino también de la transparencia en el manejo de recursos, donde la administración de esta frontera salió reprobada.
Con el contrainforme de las organizaciones sociales de Ciudad Juárez se revela la otra cara de esta frontera. Ha sido, es cierto, territorio del feminicidio, o de la delincuencia organizada. Pero, por otro lado, fluye en ella una diversa y rica energía ciudadana que lo mismo propone tokines de keda para desafiar el estado de sitio impuesto en las colonias, que pactos por la cultura, programas integrales de desarrollo social, o contrainformes como éste. Lo que las autoridades no pueden o no quieren cambiar lo va transformando cotidianamente la gente que se organiza.