Compromiso de Calderón para revisar permisos de la empresa española Befesa

Semarnat abre mesa de negociación sobre el confinamiento de Zimapán

Acuden inconformes a la sede de la ONU en el DF para exponer supuestas anomalías

Matilde Pérez U.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se comprometió a “explorar la posibilidad” de que la empresa española Befesa, del grupo Abengoa, suspenda las obras de construcción del confinamiento de residuos peligrosos ubicado en la comunidad de Botiñá, ejido Cuauhtémoc, del municipio de Zimapán, Hidalgo.

Crecencio Morales Ávila, de la Alianza Nacional El Barzón Popular, comentó que en la reunión que sostuvieron dirigentes campesinos e integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores con el presidente Felipe Calderón el miércoles pasado se expuso el caso del confinamiento.

La respuesta del jefe del Ejecutivo, según la versión del dirigente barzonista, fue que si la Semarnat había cometido errores al otorgar el permiso de la obra tendría que repararlos y cancelarla.

Los funcionarios de la dependencia se comprometieron a instalar una mesa de negociación con los habitantes inconformes, en la que participará un representante de la Comisión Nacional del Agua para saber si se realizaron y fueron considerados los estudios hidrológicos que sustenten las autorizaciones.

Mateo Castillo Ceja, de la Unidad de Coordinación de Participación Social y Transparencia de la Semarnat, aseguró al movimiento Todos Somos Zimapán que informará a la Secretaría de Salud sobre el temor de la gente ante la posible contaminación del agua con arsénico, plomo y cianuro, y su probable vinculación con casos de cáncer y diabetes.

Funcionarios de la Semarnat afirmaron también que continuarán los trabajos de la mesa técnica, “ya que resulta indispensable conocer las posibles discrepancias entre los estudios de la empresa y los de la comunidad”. Esta última manifestó que presentará los análisis geológicos realizados por el IPN y la UNAM.

El movimiento civil pidió también que las autoridades agrarias presenten documentos de la asamblea ejidal en la que presuntamente se autorizó a la empresa a construir el confinamiento en una superficie de 132 hectáreas a cambio de un pago mensual de 10 mil pesos.

En la Cámara de Diputados, donde fueron atendidos por la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta, y el diputado del PRD Salvador Ruiz, el grupo de Zimapán desmintió que su protesta sea de “unos cuantos”, y pidió a los legisladores que analicen el caso y promuevan un punto de acuerdo para suspender la obra.

Explicaron que durante tres años la empresa española informó que construía un depósito de basura, con el cual se generarían mil 500 empleos, pero al inicio de este año trascendió que se trataba de un confinamiento de residuos tóxicos y el número de empleos se reducía a 60.

Más tarde el grupo se dirigió a las oficinas de la ONU, donde entregó dos documentos dirigidos a Arie Hoeknan, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas, y Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en los que solicitaron su intervención para que la obra –que tiene un avance de 80 por ciento– sea cancelada.