Economía Moral
Seguro de desempleo en el Distrito Federal
Paso histórico que apunta hacia un SD universal en el futuro cercano
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Vivienda precaria en un municipio de Guanajuato
Foto: Martín Diego Rodríguez
Ha empezado a circular el libro ¿Cuáles son las reformas estructurales que necesita México? de la Fundación Heberto Castillo, que dirige con gran tino doña Teresa Juárez de Castillo. Araceli Damián (de El Colegio de México), quien coordinó la mesa redonda de la que derivó la obra, escribe la introducción y un capítulo sobre las reformas económicas en las que cita, entre otros autores, lo señalado por José Luis Calva en dicho acto; Gabriela Bensusan (de la UAM) aborda la reforma del mundo del trabajo; Asa Cristina Laurel (secretaria de Salud del “gobierno legítimo”) analiza las reformas en materia de salud y seguridad social, y yo escribo un artículo llamado “Una reforma social para la izquierda”, centrado en la iniciativa de nueva Ley General de Desarrollo Social que presenté al Congreso de la Unión.
El texto proporciona respuestas desde la perspectiva de la izquierda a la pregunta que le da título. Bensusan plantea una transformación a fondo (una reforma estructural) de dicho mundo, uno de cuyos ejes busca lograr una nueva combinación de flexibilidad, productividad y protección social, en la cual los “trabajadores no resulten afectados en sus condiciones de vida y de trabajo por la inestabilidad de los mercados laborales”, lo cual supone un cambio en el “principio de la defensa a ultranza del puesto de trabajo para asegurar en su lugar una protección inmediata y más efectiva del individuo”, mediante la creación de seguros de desempleo (SD) y de la calificación de la fuerza de trabajo. Un SD financiado con recursos fiscales tiene, al menos, beneficios de tres tipos: socializa una parte de los costos del desempleo, puede aumentar la competitividad de las empresas, y evita la pauperización económica y la pérdida de autoestima del desempleado.
Esta semana comenzó el registro de solicitudes para el programa de seguro de desempleo (SD) del Gobierno de la ciudad de México, al que saludo con entusiasmo. Se ha publicado ya en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la convocatoria a “las trabajadoras y trabajadores del Distrito Federal que hayan perdido su empleo a partir del 5 de diciembre de 2006” y las reglas de operación del programa. En éstas se señala: “Un seguro de desempleo de carácter tutelar, universal y solidario, bajo la responsabilidad del Estado, debe convertirse en un derecho de todas y todos los mexicanos que se queden sin ocupación, como un sistema de protección ante la contingencia de la pérdida del empleo, cuando sin culpa del trabajador, puede llevarlo a la destrucción personal y la de su familia”.
En muchas discusiones académicas y políticas se suele considerar al SD como algo imposible de alcanzar en México, como una utopía, aunque sea realidad en los países capitalistas centrales desde hace más de 70 años (y que también exista en algunos países periféricos). La instauración del SD es el primero en la materia en nuestro país y, aunque puede ser criticado por sus limitaciones, debe valorarse como un paso en la dirección correcta que tendrá efectos positivos y que apunta hacia un SD universal en el futuro cercano. Veamos estos efectos positivos. Alrededor de 60 mil personas recibirán cada año el beneficio de mil 500 pesos mensuales (un salario mínimo) durante seis meses (una transferencia total por desempleado de 9 mil pesos). La primera prueba de la necesidad del SD son las filas que se han formado para inscribirse en él. Cada año 60 mil familias (240 mil personas) recibirán un apoyo que les ayudará a sortear la crisis que genera la pérdida del empleo de uno de sus miembros. A muchos les ayudará, como han mostrado las ferias del empleo, a conseguir un nuevo trabajo, ya que el programa obliga al GDF a desarrollar bolsas de trabajo más eficientes y programas de capacitación que, a muchos, les ampliarán sus horizontes ocupacionales potenciales. Muchos no recuperarán el empleo formal, pero el pequeño colchón de los 9 mil pesos (y el significado simbólico que el GDF entiende su problema y los quiere ayudar) puede significar un respiro y un aliento que evite que caigan en un estado depresivo, facilitando así que encuentren otra actividad que les permita recuperar su flujo de ingresos y su dignidad.
Las limitaciones del SD implantado son diversas y podrán irse superando con la experiencia que se vaya acumulando. El SD sólo considera desempleados a los que tuvieron empleo formal por al menos seis meses y lo perdieron por causa ajena a su voluntad. Quedan entonces excluidos: los despedidos que laboraban en el sector formal mediante mecanismos informales o de evasión legal (contratos cortos renovables o pago por honorarios), los asalariados informales, los vendedores ambulantes evacuados de la calle donde trabajaban, los jóvenes que buscan empleo por primera vez. Además, el monto del seguro es muy bajo y está desconectado del nivel salarial previo.
En los círculos de estudio, de los muchos que se han formado en la ciudad a raíz del fraude electoral, a los que he sido invitado a impartir charlas sobre pobreza, he preguntado a los asistentes (casi todos de estratos de ingresos bajos), cuál es el ingreso mensual mínimo que una familia de cuatro personas necesita para vivir dignamente (no ser pobre): la respuesta ha fluctuado entre 10 y 15 mil pesos. Así, el monto del SD es sólo una pequeña fracción de los requerimientos familiares para no ser pobre y, con mucha mayor razón, resulta muy bajo como mecanismo de protección de hogares no pobres (como son la mayoría que trabaja en el sector formal), ya que entre ellos los pagos de renta, de hipoteca, de mantenimiento del condominio, de agua, gas y luz, pueden por si solos, llegar o superar fácilmente los mil 500 pesos.
El dilema es claro: diseñar programas ajustándolos a la recaudación fiscal actual o llevar a cabo la reforma fiscal que Andrés Manuel no quiso hacer. El espacio para aumentar la recaudación es gigantesco: por ejemplo los pagos de predial y agua en estratos medios y altos en el Distrito Federal son ridículamente bajos.