Las facturas
El pueblo de México, además de sufrir la imposición de un gobierno ilegítimo, está teniendo que pagar ahora las facturas del fraude electoral de 2006.
1. El panista Felipe Calderón, impuesto en la silla presidencial por la vía del fraude, no ha sido capaz de gobernar y se ha pasado casi un año pagando las facturas a aquellos que lo impusieron, otorgándoles cuotas de poder político o contratos y concesiones, con un costo incalculable para la nación, que ha entrañado además un deterioro institucional sin precedente en la vida del país.
2. El saldo inmediato de la supuesta gestión de 11 meses de quien es un gobernante ilegítimo está a la vista: compromisos inconfesables con la administración republicana de Washington, que lo han llevado a entregar parcelas de la soberanía nacional a agencias del gobierno estadunidense y ante el desastre de su administración de facto a hacerle nuevas concesiones, negocios y prebendas tanto a quienes lo financiaron ilegalmente como a aquellos que implementaron el fraude. Es decir, el pago de facturas con cargo, desde luego, al pueblo de México, como se está haciendo con el Fobaproa, con las carreteras y los ingenios, y todo aquello que se privatiza.
3. Las consecuencias políticas de la imposición fraudulenta no son menos graves, pues el caos administrativo que se ha creado evidencia una incapacidad manifiesta del gobierno espurio para asumir sus funciones, ya que está dejando el ejercicio de muchas de sus responsabilidades a los poderes fácticos (de la seguridad pública hasta la educación, la salud o la seguridad social) o al Congreso, todo lo cual ha traído en consecuencia un desastre gubernamental marcado por la corrupción y la incompetencia y, sobre todo, por un caos institucional, como acontece en el caso de las fuerzas armadas, usadas primero inconstitucionalmente en tareas de seguridad pública y más tarde puestas a las órdenes de policías estadunidenses, y cuyo desprestigio nunca había estado tan abajo.
4. La intervención abierta de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) y de otras agencias del gobierno de Bush en territorio mexicano no había sido nunca tan abierta, y el Ejército Mexicano, que en la propaganda oficial “lucha contra el narco”, en los hechos obedece a órdenes de Washington, por la decisión de Calderón de actuar como “un pelele” en la materia, como se ha visto con la extradición de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos y en el “descubrimiento” del caso del chino Zhenli Ye Gong o, como se ha documentado ahora, con las capturas de El tigre y de La reina del Pacífico (La Jornada, 15/10/07).
5. El riesgo de que el gobierno de facto, encabezado por un individuo carente de patriotismo, siga entregando como un pago de facturas no sólo los recursos estratégicos de la nación a trasnacionales, sino el control del territorio nacional a Washington es muy grande, en especial luego de la Cumbre de Seguridad y Prosperidad de Montebello (Canadá), realizada del 20 al 21 de agosto, y ante el anuncio de la exigencia de Bush de que se acepte ya abiertamente el control estadunidense del territorio mexicano en un Plan México, que se elabora en la sombras y que la Cámara de Representantes discutirá el 25 de octubre.
6. El pago de facturas no ha conducido únicamente, en consecuencia, a que exista en el país un vacío de poder institucional o a que Calderón haga el ridículo ante Vicente Fox –quien ocupa espacios periodísticos mucho mayores que aquel a quien impuso por el fraude y que está obligado a aguantar los desplantes de su predecesor y a protegerlo–, o ante Elba Esther Gordillo –a quien ha cedido como pago espacios claves de la administración al haberle agenciado más de un millón de votos fraudulentos–, sino a que se comprometa por mucho tiempo el futuro de México como país soberano e independiente.
7. Desbordado estos meses por el pago de cuotas y por tratar de controlar a su administración y apoderarse del aparato del PAN, Calderón ha tenido que enfrentar además a su peor preocupación: Andrés Manuel López Obrador, que con terca voluntad republicana está tratando de demostrar que se puede desde abajo, por la voluntad popular, detener medidas impopulares y frenar a un gobierno ilegítimo. De ahí la obsesión calderoniana por cooptar a dirigentes del PRD que lo avalen.
8. A este Ejecutivo de facto, en manos (formalmente) de un individuo sin autoridad moral ni política, que llegó por la vía del fraude y que está confiscando la soberanía nacional y entregando el control de los recursos estratégicos de la nación al extranjero, es al que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sin ningún argumento jurídico ni político, ni mucho menos ético, exige que se le reconozca porque, afirma, “él es el que gobierna” (La Jornada, 18/10/07). Según esta lógica, los liberales hubiesen tenido que reconocer a Santa-Anna en 1853 o los revolucionarios a Victoriano Huerta en 1913.
9. Dos días antes, el gobernador michoacano Lázaro Cárdenas Batel había dado su razonamiento: el PRD debía reconocer a Calderón porque de lo contrario, dijo, se estaría aislando (Milenio Diario, 15/10/07), aunque no precisó de quién o de qué.
10. El costo que ha tenido para la nación la imposición fraudulenta de Felipe Calderón es incalculable, pero ese hecho histórico ha tenido al menos un beneficio para el país: ha deslindado los terrenos y obligado a las definiciones, colocando a cada quien en el lugar que le corresponde.