Amenazan quemar la embajada estadunidense si su reclamo no es atendido antes de diciembre

Cientos de bolivianos exigen que extradite EU al ex presidente Sánchez de Lozada

La multitud arriba a la legación de Estados Unidos con el féretro de una víctima de la represión

Acusa la derecha a Hugo Chávez de financiar la caída del ex gobernante, que luego huyó del país

Rosa Rojas (Corresponsal)

La Paz, 17 de octubre. Cientos de bolivianos se manifestaron hoy frente a la embajada de Estados Unidos en reclamo de la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio, y dieron un ultimátum a más tardar diciembre próximo para expulsarlo o extraditarlo a Bolivia. Advirtieron que en caso contrario “vendremos a quemar la embajada”.

Los marchistas conmemoraron así el cuarto aniversario de la represión del régimen del derechista Sánchez de Lozada, que le costó la renuncia y lo obligó, el 17 de octubre de 2003, a huir a Miami tras una secuela que dejó como saldo al menos 68 muertos y más de 400 heridos.

Durante la manifestación de protesta este mediodía, una indignada multitud llegó hasta las puertas de la legación estadunidense con el cadáver de Eulogio Samo, quien murió durante la víspera y fue una de las víctimas de la represión ordenada por Sánchez de Lozada, que en aquella época buscaba sofocar las protestas que duraban ya dos meses.

El ex mandatario, que escapó al exilio junto con algunos de sus colaboradores, fue derrocado por una revuelta popular que se oponía a la exportación del gas natural boliviano a Estados Unidos a través de los puertos de Chile o Perú, que manejaban las petroleras Repsol YPF junto con British Petroleum y British Gas.

Esta mañana en la capital del país, Sucre, el fiscal general de la república, Mario Uribe, acusó formalmente por genocidio ante la Corte Suprema de Justicia a Sánchez de Lozada, así como a 11 integrantes de su gabinete ministerial, a un almirante y cuatro generales de las fuerzas armadas.

Se les acusa también de al menos otros ocho delitos, entre ellos homicidio, lesiones graves y leves, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias, vejaciones, torturas y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Gonzalo Sánchez de Lozada, quien alega que no regresa a Bolivia hasta que se le garantice un juicio justo, enfrenta varios procesos judiciales, entre los que destacan el de extradición impulsado por el gobierno boliviano y un juicio en Estados Unidos promovido por familiares de las víctimas de los sucesos de octubre de 2003.

Fueron dos las marchas que llegaron hasta la embajada estadunidense para reclamar “¡Justicia, justicia!, ¡no más impunidad!”, y exigir la expulsión, preferentemente, o la extradición de Sánchez de Lozada de aquel país.

La primera protesta, de varios cientos de personas estuvo encabezada por la Central Obrera Boliviana, cuyo dirigente, Pedro Montes, exigió además que el gobierno del presidente Evo Morales otorgue una pensión vitalicia a las víctimas de la represión o a los familiares de los caídos.

En la segunda, liderada por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, participaron unas 3 mil personas. La rabia y el empuje de quienes iban cargando el ataúd de Samo rompió el cordón policial que resguardaba la embajada de Estados Unidos.

Los policías antimotines que custodiaban el lugar no pudieron evitar que llegaran hasta la puerta misma de la legación, la que aporrearon por largos minutos entre gritos de “¡asesinos, asesinos!”.

Un hombre que perdió una pierna durante los hechos ocurridos hace cuatro años, dijo que “vamos a seguir luchando hasta que se nos haga justicia”.

En ambas movilizaciones, con profusos estallidos de artefactos de dinamita que hacían retumbar el centro de la ciudad, participaron organizaciones de víctimas de la represión de octubre de 2003, personas mutiladas de una mano, un pie, una pierna, familiares de las personas fallecidas en aquellas jornadas de lucha y las que han ido muriendo después, víctimas de las secuelas de la represión.

“Hoy hemos venido hasta las puertas de la embajada estadunidense, pero mañana podemos entrar… la próxima vez vamos a quemarla”, señaló Nazario Ramírez, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto.

La marcha partió después rumbo al cementerio central para enterrar los restos de Samo.

El villano favorito

El yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, dijo a la televisora ATB que los responsables de las movilizaciones en 2003 fueron “Evo Morales y Felipe Quispe, que empujaron a la gente a enfrentarse” al gobierno, con el apoyo, afirmó, del presidente venezolano Hugo Chávez, quien se ha convertido en el “villano favorito” de la oposición de derecha boliviana.

Incluso sostuvo que el gobierno de Chávez “financió” con 200 mil dólares la convulsión social que llevó a la caída de Sánchez de Lozada, cuyo dinero habría sido entregado a diputados bolivianos del entonces opositor Movimiento al Socialismo durante una visita que hicieron a Caracas.

Balcázar, colaborador de Sánchez de Lozada en sus dos periodos de 1993-1997 y 2002-2003, se refirió al juicio en su contra como “acto político y no jurídico” que “no tiene pies ni cabeza ya que nunca se hizo una investigación porque los que incitaron a la violencia están ahora en el palacio de gobierno, no están en el juicio y eso es incomprensible”.

Entre tanto, por tercer día consecutivo vecinos de El Alto allanaron bares y burdeles, y quemaron sus muebles y enseres en la calle, en acciones encabezadas por miembros de la Federación de Estudiantes de Secundaria.

Los manifestantes aseguraron que 70 por ciento de los más de 700 locales de ese tipo en la ciudad son clandestinos, expenden bebidas y drogas a menores de edad y ocasionan inseguridad.

Por su parte, las trabajadoras sexuales amenazaron con marchar desnudas hacia la sede de gobierno “por ser afectadas en sus fuentes de trabajo”.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Marcos Farfán, instruyó una investigación después que en algunos de los locales allanados por los vecinos se encontraron uniformes policiales y chalecos antibalas.