El gobierno elude su responsabilidad en los crímenes de la guerra sucia, afirman
ONG consideran “absurdo” crear el comité para la reparación del daño
Defensores de derechos humanos calificaron de absurdo e insuficiente el proyecto de la Secretaría de Gobernación para integrar un “comité de reparación del daño”, pues aseguraron que se comprueba la intención de la administración calderonista por eludir la responsabilidad del Estado en los crímenes ocurridos en la llamada guerra sucia.
Fabián Sánchez Matus, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, acusó a la dependencia y a la Secretaría de Relaciones Exterior de hacerles una “tremenda jugarreta” a los representantes de la sociedad civil al dar a conocer esa integración, cuando habían acordado trabajar de manera conjunta en ese comité.
El 25 de septiembre pasado, advirtió, “acordamos en la subcomisión de Armonizacion Legislativa de la Comisión Política Gubernamental, de la cual formamos parte junto con esas instancias, que ayer nos presentarían avances de este proyecto, y se comprometieron a escuchar nuestras propuestas. Sin embargo, nos cancelaron el encuentro y nos enteramos por La Jornada que ya tienen todo planeado.
“Me parece gravísimo y haremos un extrañamiento a las dos dependencias, porque el asunto lo toman muy a la ligera, sin considerar estándares internacionales relacionados con la reparación del daño”.
Las cifras de indemnización que plantean las manejan, por ejemplo, “sin ninguna base, y no se dan cuenta que ante las víctimas y/o sus familiares esto puede desatar cosas terribles. Es como decir les ofrecemos dinero y se acabó (el asunto)”.
Esto, advirtió, puede desencadenar “algo negativo, una destrucción mayor del tejido social, que ya se identifica con algunos casos concretos, como en Guerrero, y provocará mayor desconfianza”.
Otra vez, indicó, “nos hacen a un lado, como ocurre con la elaboración del Progama Nacional de Derechos Humanos”. Todo esto nos deja, advirtió Sánchez Matus, a un paso de “romper con el gobierno mexicano, pues estamos ante una regresión en materia de derechos humanos, y sobre todo en la participación de la sociedad civil para la construccion de una política de Estado”.
Por su parte, Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, afirmó que la reparación del daño no puede separarse de la justicia, de la verdad y de la adopción de medidas para que no se repitan estos casos, como plantean organismos internacionales.
Tal parece, apuntó, que buscan “comprar a las víctimas su conciencia”. Consdieró que “no tiene caso ni crear el mecanismo, porque no está por la justicia en la relación con los temas de crímenes del pasado”.
“Estoy seguro –manifestó– que crear una cosa así generará rechazo y crítica de familiares y víctimas, y mostrará que el gobierno no tiene sensibilidad ante el tema”. Recordó que desde hace varios meses han buscado una reunión con el presidente Felipe Calderón para conocer su posición en torno a estos casos, sin obtener respuestea al respecto, y ahora, con “una acción como ésta (crear el comité), se equivocan y van en contra de los derechos humanos”.
Cortés y Sánchez Matus subrayaron los estándares internacionales establecidos como medidas de reparación del daño: el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por las violaciones de los derechos humanos, el derecho a la verdad, la construcción de memoria histórica, el tema de justicia, que tiene que ver con la investigación de los sucesos y sanción de los reponsables.
Además, la redignificación y las garantías de no repetición, referentes a los cambios que debe impulsar un gobierno para que no se repitan hechos de ese tipo, como la creación de un tipo penal sobre desaparición forzada.