Editorial
Números que no cuadran
Tras el decomiso de seudoefedrina realizado en Colima el pasado fin de semana, distintas dependencias de gobierno han emitido versiones contradictorias con respecto al monto y a las condiciones en que esa acción policial se llevó a cabo. Inicialmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó que se habían asegurado más de 15 toneladas de la sustancia, y que ésta había sido “embarcada en los Emiratos Árabes Unidos con destino final al puerto de Manzanillo”. Posteriormente, en un comunicado conjunto, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República (PGR) informaron sobre la participación de personal de la Sexta Región Naval durante el decomiso –algo que fue omitido en el informe del SAT– y precisaron que solamente se habían incautado dos toneladas de seudoefedrina, además de que los contenedores inspeccionados provenían de Corea del Sur. La falta de consistencia en las cifras y los datos referidos es algo mucho más grave que simples imprecisiones por parte de las dependencias involucradas: denota un descontrol y una falta de coordinación en la administración que encabeza Felipe Calderón Hinojosa.
Tales inconsistencias no son excepcionales, sino que forman parte de un patrón de información errática y equivocada del gobierno a la sociedad. Como botón de muestra, cabe recordar las contradicciones entre las cifras asentadas en el informe entregado al Congreso de la Unión el 1º de septiembre y lo que el propio autor institucional del documento afirmó un día después, en su ceremonia en Palacio Nacional: mientras que la versión escrita registró un notable incremento de la incidencia delictiva, Calderón en su discurso afirmó que “los operativos puestos en marcha han obligado al crimen organizado a replegarse en algunos casos y en otros los han forzado a cambiar de estrategia... (lo que) ha contribuido a reducir la violencia vinculada al narcotráfico”.
La misma falta de concordancia pudo observarse tras el decomiso de dinero en efectivo a Zhenli Ye Gon, primero con las inexplicables fluctuaciones en las cuentas oficiales del dinero decomisado al empresario de origen chino, y después con el injustificable traslado de la millonaria suma a una institución bancaria estadunidense y su posterior reaparición en las arcas públicas.
Por otra parte, la falta de claridad en las afirmaciones del Ejecutivo federal no se limita al ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada. El discurso oficial ha exhibido problemas de conceptualización inadmisibles para el ejercicio de la autoridad, como ocurrió cuando Calderón aseguró que su gobierno detenta “el monopolio del poder”, además de inconsecuencias manifiestas con la realidad, como sucede en el terreno económico, en el que el gobierno se ha empeñado en desconocer la angustiosa espiral inflacionaria desatada, en parte, por sus propias declaraciones erráticas –el anuncio del gasolinazo, por ejemplo– y, en parte, por la inacción oficial. Son significativas, en ese sentido, las demandas de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) para que el gobierno federal asuma su responsabilidad ante la escalada de precios de la canasta básica: según representantes de la UNT, el avance en las negociaciones establecidas entre las organizaciones sindicales y el gobierno, a fin de definir estrategias que ayuden a contener el alza de los productos básicos, ha sido nulo, en gran medida debido a la ausencia en esos encuentros de los titulares de las secretarías de Economía y de Desarrollo Social.
En suma, el descontrol y la descoordinación que prevalecen en el interior de la actual administración son factores de peligro para un gobierno que, en lo externo, afronta una crisis de legitimidad de origen. Contradicciones como las señaladas minan, además, la credibilidad en las instituciones gubernamentales, y acentúan la imagen de opacidad que el calderonismo arrastra como herencia del sexenio anterior.