El PRD pide a la Corte informe de la autorización
Recibirá $7 millones consejero del CJF por término de gestión
El PRD denunció en tribuna que el consejero de la Judicatura Federal Miguel A. Quiroz Pérez recibirá 7 millones de pesos por concepto de “asignación inherente a la conclusión de servicios”, en virtud de que el 31 de octubre próximo concluye su periodo en el organismo. “Ese pago carece de todo sustento legal, es un exceso y esta soberanía no puede permitir que tal acto se consume”, manifestó ayer el senador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu.
Propuso un punto de acuerdo para que el Senado solicite al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien también preside el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que presente un informe pormenorizado de la autorización del pago denominado “asignaciones inherentes a la conclusión de servicio”.
En el punto de acuerdo, el perredista plantea que el Senado, con pleno respeto a la división de poderes, conmine al CJF para que en el contexto de la jurisprudencia emitida por la SCJN sobre prestaciones, “se circunscriba a ésta en el caso concreto del consejero Miguel A. Quiroz”. Solicita que el pleno del Senado instruya al presidente de la mesa directiva para que concierte una reunión con su par de la judicatura para intercambiar puntos de vista sobre el asunto.
Además, pide que el Senado solicite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados que instruya a la entidad de fiscalización para que audite la autorización del pago denominado asignaciones inherentes a la conclusión de servicio, que fue autorizado por el pleno de la judicatura.
El perredista sostiene que esa prestación, “por su naturaleza, constituye un pago adicional excepcional y especial, y no se justifica porque conforme a las normas constitucionales y legales todos los trabajadores al servicio del Estado únicamente tienen derecho y deben percibir su salario y las prestaciones que regulan y periódicamente están determinadas en su catalogo o manual de percepciones”.
Graco Ramírez subraya que ningún precepto de la Constitución concede derecho a los consejeros de la judicatura federal a percibir un pago especial por conclusión de servicios, y la autorización del mismo “es un ejercicio abusivo de la función, ya que el CJF sólo puede autorizar el pago de prestaciones regulares, no de prestaciones especiales o excepcionales”.
Agrega que ese pago “es muestra de la absurda discrecionalidad y arbitrariedad con la que se siguen manejando los recursos públicos de la Federación”, y explica que desde la creación del CJF 10 consejeros han concluido su cargo y ninguno recibió dicha retribución.