Entrevista a Bernardo Fernández, director de asuntos jurídicos de la Ssa

Mis creencias religiosas, al margen de políticas públicas

Anuncia la creación de la dirección de derechos humanos

Niega que retrase la publicación de normas sobre derechos sexuales y reproductivos, y sostiene que el aborto es un delito. Además critica el uso de la pastilla del día siguiente, “pues no se advierte sobre sus consecuencias”

Angeles Cruz Martínez

Cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, tener la preferencia sexual que le dé la gana. Es parte de la intimidad y de la privacidad, y se debe respetar, afirma Bernardo Fernández del Castillo, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud (Ssa), quien desde su llegada a esa área, en enero pasado, ha sido criticado “por su cercanía con posiciones de corte conservador” y la incidencia que ello podría tener en las políticas públicas, en particular las relativas a derechos sexuales y reproductivos.

Aunque asegura que “el tema religioso se queda en la puerta, afuera”, y que “nunca en mi vida profesional me he guiado por mis creencias”, afirma que el aborto es un ilícito y que los programas de planificación familiar deberían incluir “información completa” sobre los efectos adversos que tiene el uso de anticonceptivos.

El desempeño del abogado de la Ssa ha sido puesto en entredicho por organizaciones civiles de defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, debido a que desde su oficina se podría estar retrasando la publicación de proyectos de actualización de normas oficiales mexicanas (NOM), como la de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/sida y la referente a violencia intrafamiliar.

Fernández del Castillo rechaza esas aseveraciones, aunque reitera que en la de VIH/sida es innecesario incluir definiciones de palabras como homosexual y bisexual, “porque ya están en el diccionario”.

No obstante, se declara defensor de los derechos humanos y anuncia la creación de la dirección de derechos humanos, a la cual podrán acudir todas las personas que consideren que han sido mal atendidas o discriminadas en los servicios médicos.

En entrevista, Fernández del Castillo, también recordado por haber sido abogado defensor del cardenal Norberto Rivera Carrera, acusado de encubrir a curas pederastas, se defiende y dice que el arzobispo no ha sido su único cliente.

Con 40 años de experiencia en la abogacía, el director de Asuntos Jurídicos opina que la Ley General de Salud y sus reglamentos necesitan una revisión integral para terminar “con los vicios” en que durante años se ha incurrido para “meter todo a la ley”, inclusive temas que en realidad deberían formar parte de reglamentos, como el del Seguro Popular.

–¿A qué se debe la tardanza para publicar el proyecto que modifica la NOM sobre VIH/sida?

–Lo ignoro. La Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), órgano de consulta, no de decisión, dio su opinión sobre algunas inconstitucionalidades e inconsistencias desde el pasado 12 de julio.

–¿Qué tipo de inconstitucionalidades e inconsistencias?

–Las primeras son confidenciales mientras la NOM no se haga pública. Así lo establece la Ley de la Función Pública. Respecto de las inconsistencias, las NOM no deben tener cuestiones extrañas. No vienen al caso. Existe la mala costumbre de hacer glosarios de definiciones, como en Estados Unidos, pero allá el idioma es muy impreciso. El castellano tiene una palabra para cada cosa. Sólo se acepta cuando es para evitar confusiones, pero no en el caso de términos.

–¿Se refiere a los que tienen que ver con la orientación sexual?

–La definición de homosexual, lesbiana y heterosexual está en el diccionario. Se hicieron observaciones en ese aspecto. El Comité de Normalización ya envió de regreso el proyecto de NOM y todavía tiene el glosario. Ya no es cosa mía y no afecta en nada, ni va contra las reglas jurídicas, por lo que así se enviará a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para su publicación.

–¿Cuál es la situación de la NOM sobre violencia intrafamiliar?

–El proyecto lo comentamos en marzo pasado, y apenas me llegó un nuevo proyecto que se tiene que ajustar a la ley y al reglamento que ya existe. Creo que la NOM ya es totalmente innecesaria.

–¿Qué opina sobre los señalamientos respecto de su cercanía con posiciones conservadoras, opuestas al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el uso de anticonceptivos?

–Como abogado litigante he estado en el ejercicio libre de la profesión, siempre preocupado y ocupado en la defensa de los derechos humanos. Sobre la anticoncepción, son cuestiones de carácter personal. Cada quien puede hacer de su vida lo que quiera. Puede tener la preferencia sexual que le dé la gana. Eso cae dentro de la intimidad y la privacidad de la persona. Hay que respetarla.

“En cuanto a que he sido abogado del cardenal, pues es asunto público, pero no ha sido mi único cliente. He trabajado para judíos, musulmanes, evangelistas y miembros del PAN y del PRI. Tengo amistad con gente del PRD, y me he regido por una ética profesional.

–¿Rechaza, entonces, lo que se dice de que está en contra de los métodos anticonceptivos?

–Cero. Lo grave es que no se proporcione información completa y veraz sobre los efectos que podrían tener. En el caso de algunos anticonceptivos, en el cuadro básico se mencionan hormonas que alteran el endometrio. Así se establecía en el cuadro básico del IMSS, pero después desapareció. Me pregunto si ya no causa ese efecto.

“En el caso de la pastilla del día siguiente, en el cuadro básico no dice qué le pasa a una mujer si hace uso frecuente de esa pastilla. Eso se omite. Desde luego, debe tener consecuencias. Que se digan. Son sugerencias que estoy haciendo, pero no está en mí la decisión.”

–La duda es si sus creencias se podrían poner por delante de su labor como funcionario.

–Mis ideas no tienen nada que ver. El aspecto religioso se queda en la puerta, afuera. Aquí estamos para servir a todos, a hombres y mujeres.

–Lo que se cuestiona es el nivel de poder que tiene en la Ssa desde esta oficina.

–Veo miles de asuntos. Quien tenga duda, que venga. No tengo absolutamente nada que ocultar. Tengo religión, soy católico, pero eso no tiene nada que ver. He sido defensor de los derechos humanos y del estado de derecho.

“Es lícito que una persona planee su familia, pero el aborto es ilícito, es privar de la vida a un ser humano, y en la Constitución está dicho que desde el momento en que el óvulo está fertilizado –y la ciencia así lo ha demostrado– existen ya los derechos humanos.

“Otra cosa es que bajo determinadas circunstancias no haya castigo, pero eso no significa que sea lícito.”

–¿Estaría de acuerdo en que una reforma como la aprobada en el Distrito Federal sobre despenalización del aborto se aplicara a escala nacional?

–Legalmente no se puede. La Constitución habla de la protección a la salud, y las leyes reglamentarias del artículo cuarto están encaminadas a la preservación de la vida y a buscar el bienestar físico y mental del hombre. No hay ninguna disposición en la Carta Magna que permita la privación de la vida.

–¿Cómo se dirime el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y el de la protección del no nacido?

–Es el problema y conflicto más difícil en el ámbito jurídico, porque existen dos personas que tienen el mismo nivel de derecho. No sé cuál sea el resultado final, pero aquí tenemos un marco jurídico y debemos respetarlo. Con ese fin se creará el primero de enero de 2008 la dirección de derechos humanos, dependiente de Asuntos Jurídicos.

–¿Cuáles serán las facultades de esa dirección?

–Sólo de consultoría, con actividades de observación, vigilancia y recomendación. Desde ahora invito a quienes sientan que por sus preferencias sexuales o por cualquier otra razón han sido mal atendidas o discriminadas a que vengan aquí, o a la dirección de derechos humanos cuando se conforme. No tienen necesidad de ir al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí los atenderemos y pondremos todos los medios que estén a nuestro alcance. Nada más que nos traigan los elementos de prueba.

–¿Qué cambios requiere la Ley General de Salud?

–La ley es muy grande. Lamentablemente, ha sufrido muchas modificaciones y ha caído en particularidades que no son propias de una norma que debe ser rectora y marcar los lineamientos principales de lo que se debe hacer y actuar. Algo así como la Constitución, que tiene 136 artículos en los que se estipulan los aspectos generales y se deja el resto a leyes secundarias y reglamentos.

–¿Cuál es la situación de esa ley?

–Se le han ido incrustando muchos temas que debieran ser motivo de un reglamento, y tenemos unos que ya son obsoletos. Uno de los proyectos de Asuntos Jurídicos es revisar integralmente la ley y sus reglamentos. Planeamos elaborar un proyecto de una nueva estructura, con una actualización integral, acorde con los avances de la medicina.

–¿Cuáles temas no deberían estar en la ley?

–Todo lo del Seguro Popular, el artículo 77. Debería ser un artículo, y el resto un reglamento. Como está, es poco ágil. Lo referente al tabaquismo tampoco es motivo para una ley, sino para un reglamento, porque ya existe un artículo que aborda el tema. Otro ejemplo es, por mencionar otro, el apartado sobre medicamentos genéricos.