Negó amparo a Pepsi Cola Mexicana contra las reformas en la materia de 2005

Constitucional, la base legal para evitar envío de dinero a paraísos fiscales: SCJN

La salida de capitales implica una erosión en la plataforma tributaria de México: SAT

Jesús Aranda

Es constitucional la legislación mexicana que combate “las prácticas de competencia fiscal internacional nocivas” y la posibilidad de manipular la base tributaria a través del envío de dinero a paraísos fiscales, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al negarle un amparo Pepsi Cola Mexicana, la cual impugnó las reformas fiscales aprobadas en 2005 que tienen como objetivo inhibir la práctica empresarial de enviar sus ganancias a paraísos fiscales.

Con la resolución de este primer amparo en revisión, el máximo tribunal inició el análisis respecto de la constitucionalidad de la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en lo que se refiere a los Regímenes Fiscales Preferentes (Refripes), que es la denominación legal que se le da los paraísos fiscales.

En su argumentación ante la Suprema Corte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda sostiene que las cantidades de dinero que están en juego son de “muchos ceros” y que se trata de recursos que al salir del país y pagar impuestos inferiores a los establecidos en México, “implican un erosión en la base tributaria de México, ya que por un lado se deduce y, por otro, se difiere la utilidad que genera la empresa” en territorio nacional.

En información entregada por el SAT a los ministros, se detalla que las declaraciones presentadas por empresas que enviaron sus ganancias al exterior pasaron de 666 en el año 1997 a sólo 301 en el año 2002, lo que obligó al gobierno mexicano a tomar cartas en el asunto y con ello, aprobar un nuevo esquema fiscal en el año 2005.

Este nuevo esquema eliminó la “lista negra” de los países que eran paraísos fiscales”, y en su lugar estableció un nuevo criterio que considera ingresos sujetos al Refripes “los que no están gravados en el extranjero o lo están con un ISR inferior al 75 por ciento del ISR que se causaría y pagaría en México”. Con este acción se pretende “hacer menos atractiva la planeación elusiva” al invertir en otros países; además, se combate a “personas que obtienen ingresos en el extranjero y que difieren su participación para efectos fiscales en México mediante la interposición de subsidiarias en países de baja denominación” y a empresas “que erosionan la base gravable de su ISR en México haciendo pagos a subsidiarias en países de baja imposición”.

El caso de Pepsi Cola es el primero en que la Corte revisa la constitucionalidad de las reformas de 2005, pero en la lista sigue el caso de Cemex, empresa mexicana líder en la producción de cemento, la cual alega también que la intención del gobierno mexicano de gravar las ganancias que obtiene por enviar su dinero a países con “regímenes fiscales preferenciales” es inconstitucional.

Al resolver el amparo en revisión 224/2007 interpuesto por Pepsi Cola en contra del artículo 213, párrafos primero, segundo y tercero de la Ley del ISR, los ministros precisaron que la obtención de un ingreso en un paraíso fiscal “podría no tener repercusión alguna para efectos de pago de impuestos en México”; sin embargo, si se considera la obligación de todo ciudadano mexicano y residente en el país de contribuir a los gastos públicos “tiene la mayor trascendencia” la recaudación de impuestos, ya que éstos se destinan al sostenimiento de los gastos públicos del Estado.

También argumentaron que en materia de competencia fiscal perjudicial, la OCDE –de la que forma parte México–, cuestiona que la globalización y la creciente movilidad del capital han promovido el desarrollo de mercados financieros y de capital, que incentivan a los países a reducir barreras fiscales a las inversiones para eludir impuestos.