El centro comunitario que se prometió sigue en fase de proyecto: ex inquilinos

Tenoch 40, inmueble ocioso a ocho meses de expropiado

Sus más de 6 mil metros cuadrados continúan cercados y bajo resguardo policiaco

Agustín Salgado

Tras la expropiación pocas cosas han cambiado. La entrega de viviendas ha sido a cuentagotas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no termina por cerrar el expediente y el centro comunitario que las autoridades prometieron construir en un plazo “no mayor a los seis meses” no ha superado la etapa de proyecto.

Los ex inquilinos de Tenoch 40 aseguran que le apuesta del gobierno capitalino es al olvido. Dudan que en el predio se construyan los centros de atención a farmacodependientes y adultos mayores. Mucho menos la guardería y el taller de artes y oficios.

De la recomendación de la CDHDF, hay quienes prefieren no pronunciarse. Si bien algunos han participado activamente con las investigaciones que realiza el organismo, también hay quienes desconocen el avance de las indagatorias y cuya expectativa en la recomendación, decena de veces anunciada, es prácticamente nula.

“Están dejando pasar el tiempo, quieren que la gente se olvide. Nos dijeron que en seis meses el ‘centro social’ ya iba a funcionar pero ya estamos por cumplir ocho y ni un ladrillo han levantado”, refiere María Anguiano.

María y su esposo Luis vivían en el departamento 204 del edificio O. Todos los días, con excepción del martes, la pareja acude a la calle de Tenochtitlán para atender su puesto de accesorios telefónicos.

No son los únicos. Un buen tramo de Tenochtitlán esta copado por ex inquilinos de Jesús Carranza 33. Los menos salieron a la calle tras la expropiación, los más llevan años de comerciar sobre el arroyo vehicular.

Aunque no ha habido mes en que se pague puntualmente, la ayuda para la renta se ha cumplido. Los 2 mil 500 pesos de apoyo, para algunos, es insuficiente, para otros es de “gran ayuda”.

El 16 de febrero, Arturo Aispuro, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno capitalino, aseguró que se “trabajaba a toda velocidad”, que “ya había un grupo de arquitectos” que recorrían el inmueble “para ver las adaptaciones y adecuaciones físicas” necesarias y que “a más tardar en seis meses” el centro ya funcionaria. Sería, a decir de Aispuro, “un espacio público”, al cual se le quitaría el “carácter de enclaustrado” que era propio de la narcovecindad.

A la fecha el predio de más de 6 mil metros cuadrados continúa cercado. El resguardo policiaco se mantiene y a nadie se le permite el acceso.

Las “adaptaciones y adecuaciones físicas”, referidas por el servidor público, ya son impensables, pues los más de 7 mil metros cuadrados de construcción fueron demolidos en su totalidad.

“Nosotros únicamente pedimos que ya se solucione esta crisis. Yo vendía comida en la placita de la unidad, ese era mi lugarcito y ahora lo tengo que hacer en la calle. Vivo con mi hermana por la Plaza de la Concepción, pero antes uno tenía su casita y pues uno ya no vive igual”, dice Mercedes, ex inquilina del D-104, y si bien está contemplada para la unidad de Potrero, e incluso se le ofreció una vivienda en la calle de Clavijero, la entrega de su departamento no se ha concretado ya que la propiedad estaba intestada por lo cual ha tenido que realizar trámites ante un notario público que, asegura, le han costado más de 20 mil pesos.

Luis y María ya recibieron su nueva vivienda en la calle de Moctezuma, en la colonia Guerrero. En la misma situación está Jorge, del F-101, quien fue “reubicado” en el conjunto de viviendas de Clavijero: “El departamento está bien, pero nos costó trabajo el cambio. Al principio los vecinos nos recibieron mal. Con todo lo que se dijo pensaban que éramos de lo peor e incluso un día no nos dejaban entrar. Al paso del tiempo vieron que somos personas igual que ellos”.

Quienes optaron por la indemnización no han recibido lo que por ley les corresponde y quienes poseían accesorias tendrán que esperar hasta el siguiente ejercicio presupuestal para ser resarcidos en sus bienes.

A principios de semana, el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, aseguró que la sensación de retraso en la que ha incurrido la Comisión de Derechos Humanos del DF para emitir una posición definitiva sobre la expropiación de Tenoch 40 es tan sólo “un imaginario que no obedece a la realidad”. Dijo que se quiere sentar un precedente con la recomendación y que el organismo que preside “sabrá, de nueva cuenta, cumplir en materia de autonomía”.

Del combate al narcomenudeo, que fue la razón esgrimida para realizar la expropiación, Jorge sentencia: “pues eso que lo contesten las autoridades, ellos son los que tienen las estadísticas y saben si realmente ya no hay tienditas en Jesús Carranza y Tenochtitlán.