Interponen juicios de nulidad tras imputarles la Contraloría daño patrimonial
Evaden sanción 5 ex funcionarios culpables de mala construcción de obra en Querétaro
Querétaro, Qro., 5 de octubre. Después de tres años de que la Secretaría de la Contraloría de Querétaro encontró culpables de daño patrimonial a cinco funcionarios del anterior gobierno, del panista Ignacio Loyola Vera, por la inadecuada construcción del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ), cuyo costo fue de 54 millones de pesos, éstos no han sido sancionados debido a que recurrieron a recursos legales para que el dictamen no causara efecto.
Al entrar en funciones el actual mandatario estatal, Francisco Garrido Patrón, también del PAN, determinó que la considerada obra magna de su antecesor fuera demolida al detectarse fallas estructurales en el área de terapia neurológica, las cuales posteriormente se encontraron en todo el edificio por problemas de cimentación.
El 16 de diciembre de 2004, el secretario de la Contraloría estatal, Ricardo del Río Trejo, informó que debido a su responsabilidad, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), Alfonso Ramos Rocha, quedaba inhabilitado por 15 años para desempeñar un cargo en la administración pública; Carlos Manuel Padilla Siurob, ex director de Obras Públicas, por ocho, y José Luis Pérez Fuentes, coordinador de Vialidades, por 12 años.
También Gonzalo Gómez Vega, Supervisor de Obra, fue inhabilitado por dos años (único ex funcionario que aceptó el dictamen), y Mario Aguirre Córdoba, suspendido 300 días naturales. Además, los cinco tenían que pagar el daño por la inadecuada construcción de la obra, de 8 millones de pesos.
Mientras la SDUOP determinaba el monto indirecto por el daño patrimonial, que correspondería al total del costo de la obra (54 millones de pesos) para que fuera sumado a los 8 millones de pesos del daño directo, por la inadecuada edificación del inmueble, los acusados interpusieron juicios de nulidad del dictamen, cuyo caso está registrado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), presidido por Eugenio Castellanos Malo.
Este viernes, Del Río Trejo reveló que tres años después de que la Contraloría estatal dictaminó la culpabilidad de los cinco funcionarios, las resoluciones del TCA han sido en favor de la dependencia. Sin embargo, agregó, faltan resolver el juicio por tres instancias más y el amparo que interpuso el ex titular de la SDUOP, Alfonso Ramos Rocha, actual funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encabezada por Loyola Vera.