La justicia española movilizó a 400 agentes para detener a 23 integrantes de Batasuna
La más importante desde 1997, la ofensiva policial contra la izquierda vasca abertzale
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Pat Rice y Barbara de Bruno (primero y segunda de la izquierda), representantes del Sinn Fein, junto con el nacionalista Pernando Barrera y la abogada Jone Goirizelaia, esperan para poder entrar a la prisión de Martune y visitar al vocero de la coalición vasca, Arnaldo Otegi
Foto: Reuters
Madrid, 5 de octubre. La detención de 23 integrantes de la dirección de la proscrita coalición vasca Batasuna en la provincia de Guipúzcoa, operativo que requirió la movilización de 400 agentes, se convirtió en la mayor ofensiva policial contra la izquierda abertzale (nacionalista) desde que en 1997 fue detenida la cúpula de la alianza política de entonces, Herri Batasuna, a la que Madrid acusó de ser el frente político de la organización separatista armada Euzkadi ta Askatasuna (ETA, Tierra Vasca y Libertad).
El juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional española, ordenó la ejecución del operativo y permitió la detención de la mayoría de los dirigentes de Batasuna y de jóvenes que son considerados sucesores en el mando partidista, quienes se encontraban en una reunión semiclandestina.
La acción policial incluyó la intervención de oficinas de dos importantes ejes de la coalición separatista, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (con representación en el Parlamento autonómico) y Acción Nacionalista Vasca, con cargos de elección popular en más de 280 municipios.
En virtud de la ilegalización de Batasuna desde 2003 y de las numerosas causas pendientes de la mayoría de sus miembros –por el delito de colaboración con organización terrorista–, la izquierda abertzale pretendía renovar sus órganos directivos para afrontar esta nueva etapa política, que se abrió tras la ruptura de la tregua unilateral por parte de ETA.
Pernando Barrena, uno de los pocos dirigentes de Batasuna en libertad, dijo que la operación es un “castigo y una venganza por la postura coherente de la izquierda abertzale durante el proceso negociador”.
La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que el operativo policial en el País Vasco es parte del “funcionamiento normal de la democracia española”, pues se trata de acciones judiciales.
Sin embargo, el consejero de Justicia del País Vasco, Joseba Azkarraga, atribuyó la acción a “los momentos tan trascendentes para la vida política”, en alusión a las elecciones generales de marzo próximo.
Causa “honda preocupación –dijo Azkarraga– porque es hipocresía política considerar normal que se persiga a dirigentes de la izquierda abertzale” que en mayo pasado dialogaron con los representantes del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El derechista Partido Popular felicitó el operativo, que consideró es “una rectificación” de la política por parte del gobierno.