Apoya llamado para que se emita ley de amnistía para todos los presos políticos
Militarización en Guerrero agrava los problemas en zonas indígenas: CNDH
Chilpancingo, Gro., 5 de octubre. La guerrilla, el narcotráfico y la pobreza hacen de Guerrero una entidad conflictiva, lo que se recrudece también, en uno o en otro sentido, por la presencia del Ejército Mexicano en zonas marginadas y de influencia indígena, advirtió el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.
El ombudsman admitió que se emita una ley de amnistía en beneficio de todos los presos y perseguidos políticos del país, llamado que en su momento hizo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) al Congreso.
Durante una gira por Chilpancingo, Guerrero, el ombudsman manifestó que México necesita paz y reconciliación, “y si para ello es necesario que haya una ley de amnistía, ésta debe ser promulgada y será bienvenida”.
Entrevistado luego de clausurar un concurso de oratoria para jóvenes, Soberanes Fernández informó que el organismo a su cargo investiga la desaparición de tres personas vinculadas al EPR, tarea para la cual “se agotarán” todas las líneas de investigación.
Se refería a los casos de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruiz, los dos primeros reportados como desaparecidos desde mayo pasado en Oaxaca, y el tercero recientemente en Michoacán.
El ombudsman hizo un llamado a la sociedad para que aporte a la CNDH cualquier información que permita conocer el paradero de las tres personas.
Indicó que los ataques a las instalaciones de Pemex no se justifican pese a la presunta existencia de desaparecidos políticos, ya que “no es la violencia el camino, sino el diálogo”.
Agregó que la CNDH investiga la desaparición de los presuntos militantes del EPR en Guerrero.
En tanto, confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó ayer la recomendación emitida sobre el caso de la anciana Ernestina Ascensión Rosario (quien, se ha denunciado, fue violada por militares, aunque la CNDH afirmó lo contrario). Las autoridades militares ofrecieron deslindar responsabilidades respecto a la participación de sus elementos, abundó.
Agregó que aún está pendiente que la Sedena acepte las cuatro recomendaciones por los casos de Apatzingán y Nocupétaro, Michoacán; Castaños, Coahuila, y Sinaloa de Leyva, Sinaloa, donde se acreditó que militares incurrieron en torturas, violaciones sexuales y asesinatos, respectivamente.
Respecto a la militarización que se presenta en zonas como Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de la entidad opinó que “no es facultad del Ejército hacer situaciones de seguridad pública, por eso debe haber policía, ya que los militares no están capacitados para ello, de ahí que es necesario que deje de hacer esas actividades”.