Ampliar derechos políticos e impartir religión en escuelas públicas, pedido de curas
Descarta Gobernación la nueva relación Estado-Iglesia que demanda el alto clero
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Gobernación descartó que se realicen cambios para postular a jerarcas a cargos de elección popular
Foto: Archivo/Luis Humberto González
Para el gobierno calderonista “es necesario fortalecer la libertad de expresión de todos”, incluida la de ministros de culto.
Sin embargo, pese a la posibilidad de discutir ese tema, ha cerrado, por el momento, la puerta a una reforma constitucional que amplíe los derechos políticos de los sacerdotes o autorice la inclusión de la educación religiosa en escuelas públicas.
Florencio Salazar Adame, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG), dejó en claro que no existen condiciones para atender la solicitud de la jerarquía católica, particularmente la de promover cambios para que los ministros de culto compitan por puestos de elección popular.
“Ello no es viable. Así como estamos, estamos bien; es mejor que (ese tema) no se toque (…) Personalmente, considero que no hay circunstancias que hagan posible esa reforma religiosa”, expresó.
En 1992, año de la modificación que fijó las características de la actual relación Estado-Iglesia, los legisladores calificaron la enmienda como “gradual” y, según quedó registrado en los diarios de debate de aquel entonces, otros temas –como los citados– serían analizarlos en el futuro.
En la semana que concluye, representantes del Estado Vaticano insistieron en sus propuestas, principalmente para ampliar la “libertad de expresión” de los sacerdotes. Al respecto, Salazar Adame comentó:
“Nosotros creemos que hay temas que sí vale la pena examinar con detenimiento, por ejemplo, en lo que se refiere al derecho pleno de libertad de expresión”, dijo.
De la posibilidad de ampliar otros derechos, como los políticos, el funcionario argumentó que la laicidad del Estado mexicano ha dejado resueltos los puntos en referencia porque (avanzar hacia una reforma en ese sentido) sólo significaría la polarización de la sociedad mexicana.
“No es viable. ¿Cómo podríamos imaginarnos la campaña electoral de un ministro de culto, postulado por qué partido?, ¿cómo se relacionaría la vida de los partidos con las iglesias?, ¿cómo haría el gobierno para darle cabida a todas las religiones (en el sistema de educación pública)? Sería sumamente problemático implementarla (por lo que) conviene que (el tema) no se toque”, manifestó en entrevista, al término del Seminario Latinoamericano de Laicismo, realizado en un hotel capitalino.
Cabe precisar que hasta el momento, los integrantes de la Iglesia católica no han entregado al gobierno federal, formalmente, una propuesta en ese sentido, aunque hay disposición de dialogar en torno a cualquier tema que propongan los prelados y demás sectores sociales, comentó el subsecretario.
Salazar Adame acudió ante miembros del Instituto de Acción Laica de México, gran logia del Valle de México, en representación del presidente Felipe Calderón. Ahí, reiteró que “actualmente el gobierno federal no tiene considerados estos temas” porque la agenda del Congreso de la Unión “está ocupada en la reforma del Estado”, afirmó el funcionario.
Al inaugurar el cuarto seminario latinoamericano sobre el tema, refrendó el compromiso del gobierno de la República “de preservar la laicidad del Estado mexicano, con pleno respeto a los derechos, creencias y manifestaciones religiosas de los mexicanos, así como a las ideas y prácticas de quienes no tienen confesión por alguna doctrina”.
Agregó que aquellas voces que proponen revisar la reforma religiosa tienen derecho a ser escuchadas. “Dentro de la ley se debe respetar la expresión de los contrarios ya que es la disidencia, el signo vital de la vida democrática”, refirió.
Según las épocas y circunstancias político sociales del país, expuso, el término laicidad aplicado al Estado ha tenido connotaciones equivalentes a anticlerical o antirreligioso, “ello ha conducido a confrontaciones estériles y a que la errónea concepción de la doctrina como enemiga de lo religioso convierte, a lo que debiera ser un debate serio y constructivo, en el choque de dogmas entre radicales de uno y otro signo.
“Un Estado confesional es por definición intolerante, de la misma manera la religión de Estado es por su propia naturaleza, igualmente intolerante. Hoy, lo que la laicidad reclama es que no se confunda los planos de lo secular y lo religioso, que haya entre Estado e iglesias un mutuo respeto de sus autonomías.
“Las iglesias tienen en el Estado laico al garante de la libertad religiosa. Religión y política han sido una mezcla explosiva, la humanidad está plagada de ejemplos dramáticos por esa pugna. Lo ideal es que cada quien haga lo suyo”, concluyó.