Académico de la UAM pide no arriesgar la soberanía
Rechazan diputados pacto antinarco con EU
Diputados de PAN, PRD y Convergencia advirtieron que es inadmisible que el plan de asistencia económica de Estados Unidos a México para el combate al narcotráfico incluyera la introducción de agentes policiacos de aquel país en territorio nacional. Los legisladores demandaron información puntual sobre los compromisos asumidos por el gobierno de Calderón a cambio de los mil millones de dólares que llegarán de Washington.
Igualmente, expertos en seguridad nacional y derecho internacional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) resaltaron que si la opinión pública no conoce el fondo de los compromisos entre ambas naciones, “se estaría jugando con la soberanía nacional, e incluso se daría una justificación para cualquier abuso, intromisión o invasión de fuerzas de seguridad del país vecino en México”.
El diputado panista Cristian Castaño, vicepresidente de la mesa directiva, sostuvo que ese acuerdo es positivo, porque redundará en inversión en equipo, pero lo que se debe garantizar es que “no exista posibilidad de que elementos y agentes de inteligencia o mandos policiacos estadunidenses, puedan operar aquí”. Ello, dijo, “no sería admisible”.
A su juicio, tiene que haber “acuerdos por escrito” y “determinar el flujo de información a los órganos legislativos para que esto no se pueda desvirtuar”.
El perredista Emilio Ulloa Pérez sostuvo que la verdadera motivación del gobierno de Estados Unidos, al aportar esa cantidad de dólares “obedece a coordinar las acciones contra la delincuencia organizada y el narcotráfico desde Washington”. Con esto, “el gobierno de Felipe Calderón opta por la dependencia absoluta de los lineamientos y políticas contradictorias de aquel país”.
Alliet Bautista, representante del sol azteca, consideró que la administración estadunidense no aportará recursos económicos a cambio de nada.
Igualmente, Alfonso Suárez del Real, también del PRD, dijo que se requiere “conocer de manera puntual las condiciones del otorgamiento de esos recursos”, ya que algunos altos mandos de la Secretaría de la Defensa han confirmado que el dinero iría a fortalecer principalmente la detección de narcóticos en carreteras, así como sobrevuelos para detectar plantíos.
Preguntó quién coordinará esas acciones. “Sabemos que Washington no da un dólar por nada, porque seguro van a querer meter en el país a sus agentes de seguridad.”
Alejandro Chanona, coordinador de la bancada de Convergencia, advirtió que “se están tomando decisiones que significan compromisos de Estado, sin que el Congreso participe o siquiera sea notificado. La falta de información hace crecer la sospecha de acuerdos en lo oscuro que comprometen la soberanía en aras de una visión unilateral de seguridad”.
Por separado, Pedro Labariega, catedrático de la UAM-Azcapotzalco y experto en derecho internacional y protocolo, aseguró que “cualquier acuerdo binacional o multinacional para frenar la embestida de la delincuencia organizada puede ser favorable, siempre y cuando no se ponga en riesgo la soberanía nacional”.
Con el plan de colaboración México-Estados Unidos para combatir el narcotráfico, “no nos queda claro de qué se trata en realidad, aunque se insista desde la Secretaría de Relaciones Exteriores que no implica la presencia de fuerzas armadas”.
Causa extrañeza, recalcó, que se apoye la firma de un acuerdo de colaboración, “pero sin establecer claramente su contenido y qué objetivos tendrá”.
Guillermo Garduño, especialista de la UAM en fuerzas armadas y seguridad nacional, aseguró que antes de mantener una política de “continuismo en la firma de tratados y acuerdos con Estados Unidos, deberíamos preguntarles cuáles son las ventajas que hemos obtenido, si es que las hay, y qué resultados se han alcanzado”.