Busca que el Senado haga exhorto al Presidente; la PGR rechaza negociación
Demanda el PRD que Calderón instale mesa de diálogo con grupos armados
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Integrantes de la otra campaña y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra exigieron el cese a la “guerra de contrainsurgencia” contra zapatistas en Chiapas
Foto: Francisco Olvera
En referencia a las recientes acciones de sabotaje reivindicadas por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió al Senado exhortar al presidente Felipe Calderón a instalar una mesa de diálogo con grupos armados para que, conforme a la Constitución y en el marco de las instituciones del Estado, construya acuerdos y vías de solución a las demandas y reivindicaciones que enarbolen.
Por conducto del senador René Arce, el PRD pidió crear una comisión investigadora o una fiscalía especial encabezada por algún ciudadano prestigiado ética y profesionalmente, para que investigue de manera efectiva, transparente, veraz e imparcial la desaparición de los militantes que reclama el EPR.
En contraposición, Noé Ramírez Mandujano, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, puntualizó que la Procuraduría General de la República (PGR) no es “una instancia política de negociación”, sino el órgano de Estado que se encarga de la persecución de los delitos.
Esto precisamente al ser interrogado sobre la posibilidad de que ese organismo negocie con el grupo armado. A la PGR, enfatizó, “le queda muy claro la finalidad intrínseca de la actividad terrorista como la desplegada por el EPR.
“Al detonar los artefactos explosivos, no solamente dañaron de manera importante los ductos de Pemex, sino también a la economía local y el medio ambiente”. Sin embargo, no se refirió a las desapariciones que reclama el grupo armado.
Ese grupo, apuntó, “no accede al campo penal por su contenido más o menos radical de presunta reivindicación social o política, sino porque su forma violenta de exteriorización ataca la propia unidad del ordenamiento estatal quebrantando la exclusividad de los mecanismos constitucionales que deben encauzarlos”.
Además, “no se puede dar aprobación, como lo establece el Código Penal Federal, a quienes utilizan medios violentos para realizar actos contra las personas, las cosas o servicios públicos que produzcan alarma, temor o terror en la población”.
El EPR atacó instalaciones de Pemex en julio y agosto en Veracruz, Tlaxcala, Guanajuato y Querétaro, en demanda de la presentación de sus compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
En tanto, en tribuna, el PRD propuso que el Senado “condene de manera enérgica, firme y decidida el uso de la violencia, provenga de donde provenga”.
Demandó que se exija el cese de todos los actos violentos provocados por los grupos armados, así como el cese de la violencia de los poderes fácticos, la cual abona a la crispación social.
René Arce presentó un punto de acuerdo con cuatro peticiones, en el contexto de la exigencia del EPR para la presentación de sus dirigentes y debido a que “con preocupación hemos observado en semanas recientes una serie de actos realizados por diversas instancias de investigación, tanto militares como civiles, que han ameritado la denuncia e intervención de organismos defensores de los derechos humanos”.
Alertó: “no queremos pensar de ninguna manera que estamos o podemos estar ante el inicio de lo que podría denominarse una nueva guerra sucia”.