Educación pública
La OCDE presentó recientemente una amplia variedad de indicadores sobre la educación en los países miembros, agregando una nota particular para México. En ella se destacan las características del sistema educativo mexicano en comparación con las tendencias generales. Un primer dato importante es que en 2004 el gasto en educación como proporción del PIB en México fue de 6.4, superior al 5.8 promedio de la OCDE. También resultó muy superior al promedio la proporción del gasto público destinado a educación: 23.1 en México y 13.4 en el promedio. Entre 1995 y 2004 el gasto para educación primaria y secundaria aumentó 47 por ciento, siendo el país con mayor incremento. Estos indicadores dan cuenta de que en los últimos diez años se han destinado recursos públicos crecientes para la educación.
Sin embargo, para que la calidad educativa mejore en los tres niveles (primario, secundario –secundaria y preparatoria– y terciario –universitario–) es indispensable que el gasto sea eficiente, lo que significa que cumpla con objetivos fundamentales de cobertura y calidad. Un dato relevante es que no hemos hecho ningún progreso en que nuestros estudiantes lleguen a la preparatoria, colocándonos en el último lugar entre los países miembros de la la OCDE, en tanto que Corea pasó del lugar 21 al primero. El esfuerzo mayor se ha hecho en primaria y secundaria a la que se destinan las partes gruesas del presupuesto. La estructura demográfica nacional exige atender a la población que demanda educación preparatoria, en lo que se ha fallado.
La información revela, además, la masificación y el excesivo peso de los salarios en el gasto. El dato del gasto por estudiante, que divide el gasto por nivel entre los estudiantes inscritos en cada uno de los niveles, fue de mil 694 dólares en primaria, un tercio del promedio en la OCDE, de dos mil 564 en secundaria, equivalente también a un tercio del promedio, y de 5 mil 778 en terciario, apenas la mitad de lo que se gasta en los otros países. El dato salarial, expresado en relación con el producto per cápita, es impactante: en primaria y secundaria los salarios son superiores 58 y 101 por ciento al producto por habitante, en tanto que en los otros países en promedio son superiores solo en 28 y 30 por ciento. Ello implica que el costo salarial absorbe gran parte del gasto público, dejando pocos recursos para inversión en infraestructura, en materiales educativos y tecnológicos, en la edición de libros, etcétera.
Es evidente que las carencias son mayores que los avances y dado que se han destinado recursos presupuestales crecientes, la conclusión obvia es que se está gastando mal, que lo que priva es la ineficiencia. Frente a esto las recomendaciones son obvias: el gasto público educativo tiene que estar asociado a la consecución de los objetivos básicos, de modo que en particular la carrera magisterial tendría que atarse a su desempeño. También recomiendan considerar la pertinencia de seguir invirtiendo de la misma manera en la formación de profesionales en universidades públicas, transitando a un sistema en el que los propios estudiantes financien sus estudios a través de créditos.
En realidad, los indicadores recién publicados sólo ilustran lo que se sabe. El control monopólico que ejerce el sindicato sobre los maestros y su enorme peso en las decisiones de todo tipo en materia educativa parecen estar llegando a límites insospechados. El dato fuerte es que así como los monopolios productivos han capturado el crecimiento, impidiendo que la competencia genere desarrollo, el sindicato magisterial ha capturado el presupuesto educativo dificultando que los mayores recursos beneficien el nivel académico de los estudiantes y, en consecuencia, se beneficie el país.
Resolver esto no es sencillo. Mucho menos si se entiende el apoyo de ese grupo de poder al candidato del PAN en la pasada elección. De modo que su permanencia, por lo menos durante los próximos cinco años, parece garantizada, lo que equivale a decir que los resultados educativos seguirán siendo lamentables. En diciembre próximo se darán a conocer los resultados de la evaluación internacional PISA 2006 a alumnos de 15 años, en la que constataremos el bajísimo nivel de nuestros estudiantes. Ello será atribuible a la incapacidad gubernamental para acabar con un monopolio que, como los otros, impide el desarrollo del país y a la incapacidad de los diferentes partidos para obligar a corregir una situación que afecta dramáticamente una educación pública que en todos los países de la propia OCDE es fundamental.