Investigan presuntas pugnas entre mafias vinculadas con giros negros y tráfico de drogas
Asesinato de un funcionario de Tonalá revela negocios turbios
Uno de los principales implicados no aparece; el edil panista le dio permiso para ausentarse
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El 24 de abril, Carlos Romo Guízar, director de mejoramiento urbano del municipio de Tonalá, Jalisco, fue asesinado de siete balazos fuera de su domicilio. Varios detenidos por este caso han señalado como autor intelectual al secretario general del ayuntamiento, Ricardo Sigala Orozco, quien desapareció hace una semana
Foto: Arturo Campos Cedillo / archivo
Guadalajara, Jal., 2 de octubre. El asesinato a balazos de Carlos Romo Guízar, el 24 de abril, detonó un escándalo de corrupción por el control de los giros negros y el narcomenudeo en el municipio de Tonalá.
Romo era el director de mejoramiento urbano, y las declaraciones ministeriales de varios de los detenidos y arraigados por el caso –a las cuales La Jornada tuvo acceso– implican al secretario general del ayuntamiento, Ricardo Sigala Orozco, y salpican al presidente municipal de origen panista, Jorge Vizcarra Mayorga.
En medio del escándalo policiaco, el sábado pasado el alcalde Vizcarra Mayorga concedió licencia por un mes a Ricardo Sigala, con el argumento de que éste sufrió una “crisis de diabetes”. Sin embargo, fuentes policiacas informaron que el funcionario ya es buscado por su presunta relación con el crimen.
Ésta es una historia que se ha ido revelando a pedazos y que recuerda el caso de la regidora panista María de los Ángeles Tamez, del municipio de Atizapán de Zaragoza, estado de México.
Los primeros detenidos por el homicidio del funcionario jalisciense, Juan Carlos Sotelo García y Omar Melquíades Fajardo (este último trabajaba en el ayuntamiento como director de inspección y vigilancia), apuntaron de inmediato hacia Sigala Orozco como responsable intelectual del asesinato, pero la procuraduría decidió actuar con cautela y siguió investigando.
Sin embargo, el pasado fin de semana fueron arraigados Marco Antonio Tornel López –quien era inspector municipal–, Víctor Hugo Sánchez Íñiguez y Eduardo Venegas Alcántar. En sus declaraciones ministeriales ellos ratificaron la autoría intelectual de Sigala Orozco y dieron detalles de la red de negocios en la que estaban implicados.
Telaraña
Sánchez Íñiguez declaró que fue contratado por Omar Melquiades Fajardo, ex director de inspección y vigilancia, para matar al síndico Leonel Andrade Padilla, a fin de controlar la expedición de permisos para máquinas tragamonedas y licencias para licorerías, donde supuestamente se vendían drogas. El atentado falló.
Cuando fue detenido, hace dos meses, Omar Melquiades Fajardo declaró que sólo por permisos apócrifos para máquinas tragamonedas debían pagarse 80 mil pesos mensuales a Sigala Orozco, quien a su vez los entregaba al alcalde Jorge Vizcarra Mayorga. Fajardo también declaró que obtuvo el puesto de director de Inspección y Vigilancia tras pagar 400 mil pesos al propio Vizcarra Mayorga.
Sotelo García, a quien se ha identificado como presunto autor material del homicidio de Carlos Romo Guízar, declaró a las autoridades que fue contratado por Sigala Orozco, quien tenía problemas por el control de aproximadamente 5 mil máquinas tragamonedas. Además, Romo Guízar se había convertido en un obstáculo para sus negocios inmobiliarios y conocía las irregularidades en el otorgamiento de permisos para licorerías y la presunta venta de drogas en esos negocios.
El pago por el asesinato, según el supuesto victimario, fueron 100 mil pesos, cantidad que repartiría con otro de los arraigados, Eduardo Venegas, y con un tercer sujeto no identificado.
Las investigaciones de la PGJE indican que existía un contubernio entre Sigala Orozco y Romo Guízar para brindar protección y otorgar licencias a negocios ilegales que controlaba el ex director de inspección y vigilancia, Melquíades Fajardo. Según Fajardo, el inspector Marco Antonio Tornel López era el encargado de contactar a los funcionarios de Tonalá y servía de enlace para las entregas de dinero.
Todos estos indicios, de acuerdo con fuentes de la PGJE, son suficientes para arraigar a Sigala Orozco, quien prácticamente se encuentra prófugo.
La rapidez con que el alcalde Vizcarra Mayorga otorgó la licencia por un mes al funcionario –a quien además ha defendido en múltiples ocasiones y asegura que no se le ha comprobado delito alguno– puso en alerta a los investigadores de la fiscalía estatal, quienes han empezado a indagar señalamientos que apuntan al propio munícipe.
A medida que se complica este caso, los correligionarios panistas de Vizcarra Mayorga han comenzado a alejarse de él.
Los documentos ministeriales muestran una compleja trama de complicidades. Uno de ellos incluso habla sobre la existencia de una “mafia” en la comuna.
Esta guerra intestina comenzó a hacerse evidente en febrero, un mes después del comienzo de la actual administración municipal, cuando el síndico Leonel Andrade Padilla estuvo a punto de ser asesinado por cinco sujetos que lo golpearon fuera de su domicilio. Quienes no fallaron fueron los sicarios de Carlos Romo Guízar: lo mataron de varios balazos frente a su casa.
La historia aún no termina.