Atribuyen a Cristino Nicolaides tortura y otros delitos
Ordenan detener a militar retirado acusado de represión en Argentina
Buenos Aires, 29 de septiembre. El juez federal Ramón Claudio Chávez, de la provincia de Misiones, ordenó la detención preventiva del teniente general retirado Cristino Nicolaides –quien ocupó altos cargos durante la dictadura militar de 1976 a 1983–, acusado de asociación ilícita, torturas y privación ilegal de la libertad.
Esto sucede en el contexto de una fuerte tensión en La Plata, provincia de Buenos Aires, provocada por la denuncia de una ex detenida-desaparecida, Felisa Marilaf, quien en su calidad de testigo ha ratificado cargos contra el sacerdote Christian Von Wernich, ex capellán de la tropa bonaerense en tiempos de la dictadura, procesado por secuestros, torturas y desapariciones.
Aunque Marilaff –cuyo esposo está desaparecido– tiene protección judicial desde que fue víctima de un secuestro, el jueves pasado fue nuevamente privada de su libertad por dos hombres que la golpearon y amenazaron por sus declaraciones en el juicio a Von Wernich.
Un grupo de organismos de derechos humanos denunció la existencia de “sectores interesados en crear un clima intimidatorio a pocos días de conocerse la sentencia en el juicio a Von Wernich, lo que se suma a lo que venimos viviendo desde hace un año con la desaparición de Julio López”, testigo clave en los juicios en curso en La Plata, cuyo paradero se desconoce desde hace un año.
Los organismos manifestaron su preocupación por una serie de ataques “extraños” contra edificios públicos en La Plata y por la aparición de un supuesto “Comando Julio López”, que baleó la casa del médico Néstor Siri, denunciado por trabajar en los centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires.
El anuncio sobre el encarcelamiento de Nicolaides generó esperanzas entre familiares de las víctimas.
Entre 1976 y 1978, el militar estuvo al frente de la Brigada de Infantería VII y de la subzona 23 del Segundo Cuerpo de Ejército, que abarcaba Misiones, Chaco, Formosa y una parte de Corrientes, en la región fronteriza con Paraguay.
En todas estas provincias la represión de la dictadura dejó miles de víctimas y desaparecidos, y Nicolaides es uno de los 11 jefes acusados.
Esta resolución judicial es la primera que toma la justicia federal de Misiones, derivada de las causas abiertas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, que incluye, entre otros, los casos de María Graciela Franzen, ex subsecretaria de Derechos Humanos; Alfredo González, ex decano de la Universidad de Misiones, y Juan Marcelo Quirelli, ex gobernador interino.
A lo anterior se suma el hecho de que el pasado 26 de septiembre, el juez federal Daniel Rafecas ordenó que siga detenido en Buenos Aires el médico militar Agatino Federico Di Benedetto, quien fue interventor en el hospital Posadas en los primeros años de la dictadura, acusado por la detención ilegal de unos 40 médicos y paramédicos, a los que acusaba de haber atendido a “subversivos”.
Asimismo, el pasado 24 de septiembre fue arrestado en Buenos Aires el mayor de ejército Jorge Luis Toccalino, quien fue trasladado a la ciudad sureña de Necochea, donde está acusado por delitos de lesa humanidad. La justicia le imputa secuestros, torturas, robos a las casas de las víctimas y dirigir los traslados de los capturados a los centros clandestinos.
Otra reciente noticia sobre la acción de la justicia en casos de derechos humanos fue el anuncio de que dos jueces, un fiscal y 12 ex penitenciarios serán investigados por sus acciones en la tristemente famosa Unidad 9 de la cárcel de La Plata, entre 1976 y 1978.
La ofensiva judicial ocurre mientras avanzan los preparativos para la desocupación total del predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, que por decisión del gobierno del presidente Néstor Kirchner fue cedido hace dos años para levantar el Museo de la Memoria. El sitio es altamente emblemático porque se calcula que allí ingresaron unas 5 mil personas de las que nunca más se tuvo información.