Se cumplen casi 9 meses de un ataque a 18 personas, principalmente guatemaltecas
Desoye la SRE queja por abusos contra centroamericanos
A casi nueve meses de la “detención ilegal” y “secuestro” de 18 migrantes centroamericanos –casi todos guatemaltecos– por policías de Ixtepec, Oaxaca, y de reiteradas peticiones diplomáticas para que se investigue e informe del caso al gobierno de Guatemala, la cancillería mexicana se ha limitado a señalar que las pesquisas “siguen su curso”. Sin embargo, en la embajada de la nación centroamericana se duda incluso que esté en marcha una investigación judicial para castigar a los responsables.
A lo largo de estos meses, ninguna autoridad mexicana, local, estatal o federal, ha solicitado información a la representación diplomática de Guatemala ni ha requerido a ninguno de los plagiados para ratificar su testimonio, en el que hay denuncias por la violación de dos de las migrantes guatemaltecas.
Hasta ahora el destino de la denuncia presentada por migrantes guatemaltecos contra policías mexicanos, y la protesta del gobierno de su país por las violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos, parece ser el mismo que tienen las múltiples quejas de migrantes mexicanos agredidos por agentes policiacos de Estados Unidos: el olvido y la impunidad.
Jorge Alberto Figueroa Salguero, cónsul de la embajada de Guatemala en México, señaló que hay evidencias claras de la “detención ilegal” de la que fueron objeto los 18 migrantes de su país –entre ellos cuatro menores de edad y dos mujeres– entre el 9 y 11 de enero pasado. En la casa ubicada en el número 32 de la calle Macedonio Alcalá, colonia Moderna, de ese municipio, se encontraron mochilas de los migrantes guatemaltecos, botas, ropa y hasta fichas de depósito, una en favor de José Juan Gámez Rivera, uno de los presuntos plagiarios.
En la casa de seguridad allanada, donde los policías mantuvieron retenido al grupo, se encontraron comprobantes de transferencias de dinero en Estados Unidos, detalles de los pagos de rescates y ropa de las víctimas, según denunció en su momento el sacerdote José Alejandro Solalinde, encargado de una casa de atención a migrantes en esa zona. También se encontró el pasaporte número C539989, de Yesenia Maritza Ramos Argueta, de 17 años, originaria de El Salvador, otra de las víctimas.
Además, hay fotografías en las que se muestra con claridad el abuso de la fuerza policiaca, que portaba armas de fuego, para someter a los migrantes, así como múltiples testimonios que fueron presentados al Centro de Derechos Humanos Tepeyac, de la diócesis de Tehuantepec.
Aun así, y con versiones de los lugareños de que no era la primera vez que la policía municipal realizaba operativos contra los migrantes, no hay respuesta satisfactoria ni información oficial del gobierno mexicano sobre éste y otros casos, dijo el cónsul Figueroa, quien insistió en que son “detenciones ilegales”, pues los únicos autorizados para detener a los migrantes son los elementos del Instituto Nacional de Migración o de la Policía Federal Preventiva.
Estos hechos propiciaron que el gobierno de Guatemala enviara a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, una nota solicitando información y la apertura de una investigación del caso; las posteriores, que han sido “notas verbales”, han sido dirigidas al subsecretario para América Latina y el Caribe, Gerónimo Gutiérrez. En ninguno de los casos se ha dado respuesta que satisfaga a las autoridades guatemaltecas.