Editorial
Gasolinazo y carestía
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, anunció que se prevé un aumento de 10 a 15 por ciento en las tarifas del transporte público para 2008, como consecuencia del incremento a los precios de la gasolina y el diesel contemplado en el marco de la llamada reforma fiscal. Al mismo tiempo, el mandatario local advirtió sobre el alza de los precios de productos básicos que ya afecta los bolsillos de la mayoría de la población y que se verá acrecentada con la implementación de los nuevos impuestos a los combustibles.
El anuncio de Ebrard resulta preocupante para el conjunto de la población capitalina. Si se toma en cuenta que en la ciudad de México predominan los viajes largos y que, por tanto, a pesar de la amplitud del Sistema de Transporte Colectivo-Metro y del bajo costo de este servicio, la mayoría de la población tiende a utilizar más de una modalidad del transporte público para desplazarse cotidianamente, es evidente que, de concretarse, el aumento previsto por Ebrard representará, por sí solo, un duro golpe contra la economía popular. Además, habrá que tener en cuenta el efecto inflacionario que acarreará la entrada en vigor del gasolinazo, y que habrá de sumarse a los que ya se han desatado.
Según reportes oficiales, en los 10 meses de gobierno calderonista el precio promedio de los productos que integran la canasta básica aumentó en 34.17 por ciento, muy por encima del índice general de la inflación, que se ubica alrededor de 4 por ciento. Si se tiene en cuenta que, por lo general, los efectos de las medidas económicas se dan desde el momento en que son anunciadas, y no cuando se ponen en práctica, no resulta difícil imaginar que la simple cercanía del gasolinazo ha contribuido en alguna medida a la actual escalada de precios.
En ese sentido, la decisión gubernamental de suspender por lo que resta del año el aumento previsto a los precios de los combustibles –como anunció el titular del Ejecutivo federal el pasado miércoles– no parece ayudar a revertir la carestía desatada desde finales del sexenio pasado y acentuada a principios del actual con el alza al precio de la tortilla. Por el contrario, todo parece indicar que la postergación de la medida provocará que se desate otra escalada de precios –que constituya una nueva ofensiva contra la economía popular– para cuando sea que entre en vigor, con el agravante de esto sucedería durante la llamada cuesta de enero que, como se sabe, representa uno de los momentos más vulnerables para los bolsillos de la población en general. Es decir, la decisión anunciada por Felipe Calderón representará, en los hechos, un revés doble a la economía popular.
Ante este panorama, el gobierno federal ha emprendido una campaña para minimizar los efectos nocivos del gasolinazo y hacerlos parecer como producto de la casualidad: Felipe Calderón ha señalado en días recientes que con la reforma fiscal “se evitó una crisis económica” y que, si bien se han producido “ruido e inercias inflacionarias”, esto se debe a que la decisión legislativa de incluir el impuesto a las gasolinas se dio “desgraciadamente” en un “entorno de ajuste de precios internacionales de diferentes productos”. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos gubernamentales por aparentar que todo está bien, la advertencia de Marcelo Ebrard sobre el alza a las tarifas del transporte público da cuenta de la inminencia de una nueva espiral inflacionaria, acaso mayor y más grave que la que actualmente padece la mayoría de la población.
En suma, el hecho de que la actual administración federal consagre sus esfuerzos a implementar medidas para postergar la carestía y no para evitarla pone de manifiesto la falta de un rumbo económico preciso y el desinterés real por los sectores más desprotegidos.