Censura y libertad de expresión
La censura tiene una clara connotación jurídica y constituye un delito público, de Estado, dirían algunos. No es que si alguien no me deja hablar me está censurando. Un juez me puede impedir hablar cuando no es mi turno o cuando es evidente que estoy diciendo necedades que no vienen al juicio. Eso no es censura. La censura la establece quien tiene el poder político o quien decide lo que se dice en un medio de comunicación masiva o quien vela por los intereses de una corporación y no desea que sus subordinados la pongan en peligro con su bocota. Establecer normas sobre el modo y el momento en que cada uno puede expresarse no es censura. Menos aún si se establece en una ley. En el fondo, tampoco es censura que un dueño de una televisión o de una compañía diga a sus subordinados qué y qué no puede decir. Todo depende de la materia de que se trate y debe estar en la ley.
Los abogados y los empleados de las televisoras y los monopolios radiofónicos, entre otras idioteces, de algunas de las cuales ya me he ocupado aquí, están propalando la especie de que las reformas constitucionales en materia electoral que se están procesando en las legislaturas estatales pretenden imponer la censura en el trabajo de información de las campañas electorales. Uno de ellos lamenta que no se defina en las reformas lo que es “propaganda”. No es jurista, así que se le puede pasar que no sepa que las leyes dan definiciones jurídicas (de situaciones hipotéticas), no de diccionario. El legislador entendió que propaganda es la difusión masiva de imágenes por los medios encargados de ella (de la difusión), e imagen quiere decir lo que se presenta como opción para los electores.
Dice que cuando alguien no está de acuerdo con las posiciones de un partido o de un candidato no podrá contratar medios para expresar su punto de vista político, a menos de que sea un partido. Eso es correcto, pero no es censura. Un hombre de dinero, digamos, alguno de los que aparecen en las listas de Forbes, puede tener más dinero del que tenga incluso el partido mayoritario y corromper y enturbiar la posibilidad de que el ciudadano que debe ver y saber lo que el partido y el candidato dicen para decidir, pues el señor del dinero tiene muchas más posibilidades de hacerlo que actúe como él quiere. Eso no es censura. Se trata de evitar que el dinero influya en las elecciones. ¿Qué es lo que el señor del dinero busca? Eso no se lo pregunta. Por eso, en una campaña sólo los candidatos y los partidos deben expresar posiciones políticas, y los ciudadanos, hablar, escuchar, razonar y decidir como tales. Eso no es censura.
Se afirma también que el llamado “derecho de réplica” es una limitación a la libertad (no se dice de qué libertad se trata) que, por cierto, ya está derogado en los Estados Unidos. ¿Lo que es bueno en los Estados Unidos es bueno para nosotros? Lo interesante del argumento es que enseña el cobre como una celestina cuando concluye que sería un “castigo enorme” para las emisoras de radio y televisión, porque derivaría en un desperdicio de tiempo al aire que nadie les pagaría. ¡Bello! Así habló don Rogerio Azcárraga. Si a mí, candidato, una televisora me dice que soy un ladrón, el derecho a réplica me permite exigirle, al aire, que me dé pruebas, y si me dice que soy un peligro para México, tiene que explicarme el porqué y darme la posibilidad de demostrar a sus oyentes que miente. Eso ya no parece tener nada que ver con la censura, sino con el “daño patrimonial” que la emisora en cuestión sufriría, porque yo pido que se me explique por qué se me difama y es tiempo al aire. ¿Es eso un atraco a la libertad de expresión?
Se sostiene que los ciudadanos (en realidad, las televisoras y las grandes radiodifusoras) deben tener derecho a expresarse sobre los candidatos y los partidos. El legislador, por su parte, consideró que eso era dar a los dueños de tales medios un poder que no deben tener, por razones que han sido explicadas con todo detalle. Una televisora o una radiodifusora, con toda evidencia, podría distorsionar el razonamiento del elector con sus imágenes o sus mensajes negativos. No se trata de coartar la libertad de expresión, sino de preservar la libertad de decisión de la que depende el futuro de la nación: la libertad del ciudadano. Los medios no tienen nada que hacer en la política, y si se reclama el derecho a expresarse libremente, entonces que se haga individualmente y en igualdad de condiciones que el común de los ciudadanos, no a través de Televisa o Tv Azteca, como si se tratara de ciudadanos comunes y corrientes, pues no lo son. Tampoco lo son los grandes ricos del país. Sólo se les pide que se dediquen a sus negocios.
Preguntar si, en el caso de que Hitler fuera candidato a la Presidencia de México, no habría lugar a criticarlo es una soberana estupidez. En primer lugar, nadie sabe dónde está Hitler, y lo que es seguro es que desapareció hace por lo menos sesenta y dos años, por lo que no hay peligro alguno de que se presente como candidato en México, además de que la Constitución y sus leyes se lo impedirían. Ahora que, si se trata de presentar al Peje como un Hitler, pues eso ya es problema de su locura y muy de ellos. Pero, ¿quién puede meterles en su cabecita que un ciudadano común que va a decidir con su voto no es igual a Televisa, Grupo Carso, Tv Azteca, Consejo Coordinador Empresarial, etcétera? ¿Es que se les ha olvidado que la ley define la función de esos grupos y en ella no encontrarán nada que los autorice a actuar en política?
Los servidores de los medios no han estudiado derecho, menos derecho constitucional y, mucho menos, derecho electoral, pero nos dicen que eso de dar al IFE la facultad de castigar “mediante procedimientos expeditos”, que “podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”, convierte a la autoridad electoral en juez y se concluye que ni siquiera la Inquisición española tenía ese poder. Ignorancia de la historia, pues no saben que sin averiguar, la Inquisición mandaba a la hoguera a quienes consideraba herejes. ¿Se imagina alguien qué pasaría si el IFE tuviera tal poder? Se trata sólo de idioteces que suenan como llantos de despechados a los que se les ha tocado en lo más sagrado: en su bolsillo, que es bastante grandecito. Y luego nos dicen que todo esto, que no es más que una refundación equitativa y justiciera de la institucionalidad constitucional en materia electoral, no es más que “un golpe brutal a la libertad de expresión en nuestro país”. Así que, si antes el “peligro para México” era el Peje, ahora lo son los partidos y hasta el mismísimo IFE. ¿O no?