Editorial
Birmania y la comunidad internacional
Durante todo septiembre, y sobre todo en la semana anterior, una ola creciente de protestas ciudadanas ha sacudido al régimen castrense de Birmania, país rebautizado a la fuerza como Myanmar. Encabezada por decenas de miles de monjes budistas, la población de las principales ciudades se ha echado a las calles para manifestarse contra el gobierno y pedir democracia. Las calles de la capital están llenas de soldados, y las principales plazas permanecen bloqueadas. El gobierno ha respondido con una injustificable violencia represiva que se cobró ya su primera decena de víctimas y un número indeterminado de heridos, y es probable, por desgracia, que esas cifras se incrementen en las próximas horas. De hecho, es posible que, hoy por hoy, el saldo rojo ya sea mayor, puesto que el Consejo del Estado para la Paz y el Desarrollo (CEPD) –eufemismo con el que el régimen se designa a sí mismo– ha impuesto un bloqueo informativo en torno a la situación. La única información disponible es la que proviene de los pocos periodistas que se mantienen firmes a pesar del acoso que sufren –una de las víctimas fatales de la brutalidad represiva fue, justamente, un fotoperiodista japonés– y de algunos usuarios de Internet que han logrado comunicarse con el exterior y enviar reportes de lo sucedido.
Lo ocurrido en Myanmar, que antes del CEPD se llamaba Birmania, ha puesto al descubierto una serie de fenómenos y actitudes que afectan a todo el mundo. Como ocurre en situaciones parecidas, quedaron de manifiesto las posiciones reales de distintos gobiernos del planeta y su grado de compromiso con la democracia o, en su caso, su hipocresía al respecto.
A China, por ejemplo, difícilmente se le puede acusar de doble moral. El régimen de Pekín, opresor en su propio territorio, ha tenido una actuación congruente en la esfera internacional y se ha destacado por su tristemente célebre defensa del régimen de Sudán, a pesar de la evidencia de las atroces violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país africano y del posible genocidio en la región de Darfur. No fue distinta la postura de las autoridades chinas en el caso de Myanmar, pues el representante de Pekín ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bloqueó las sanciones que el resto de los gobiernos que conforman ese órgano querían imponer al CEPD.
Es perceptible, en cambio, la hipocresía de las potencias occidentales, las cuales toleraron durante 19 años a la dictadura del CEPD y ahora, ante la evidencia de que la exasperación popular ha llegado a niveles explosivos, se rasgan de súbito las vestiduras. Nada hicieron ni dijeron, en cambio, en 1988, cuando la camarilla militar actual se entronizó en el poder en Yangón sobre los cadáveres de 3 mil personas masacradas en las calles.
Es posible que la tolerancia occidental ante el régimen militar que ha oprimido durante décadas a la antigua Birmania se explique por el interés de Estados Unidos y de Europa Occidental de mantener inalterada una estabilidad no necesariamente democrática ni pacífica ni respetuosa de los derechos humanos, en el sureste asiático, una región que se ha caracterizado en el pasado reciente por haber sido teatro de operaciones de algunos de los conflictos más sangrientos de la segunda mitad del siglo XX: la agresión estadunidense contra Vietnam –que se internacionalizó hacia Laos y Camboya– y el demencial genocidio realizado en Kampuchea por la organización de los Khmer Rojos. Cabe suponer, asimismo, que con el caos generado en el mercado petrolero por la destrucción y la ocupación de Irak por Washington y Londres, lo último que le interese a Occidente sea una sacudida en un país que, con el mercado del petróleo enloquecido por la situación en Medio Oriente, a las potencias occidentales no les conviene sacudir ya que en él existen importantes reservas de hidrocarburos. En todo caso, con sus tardías reacciones a la barbarie militar del CEPD, Estados Unidos y sus aliados han puesto de manifiesto la debilidad y la incongruencia de su compromiso con la democracia.