La iniciativa refleja la preocupación del Ejecutivo, “pero no está bien asesorado”
CNDH: la reforma judicial de Felipe Calderón, revés a derechos humanos
Guadalajara, Jal., 27 de septiembre. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, aseveró hoy aquí que la reforma en materia de justicia que propuso el presidente Felipe Calderón al Congreso constituye un grave revés a las garantías fundamentales. Esta situación “nos habla de un gobernante preocupado por los problemas, pero que no está bien asesorado”, abundó.
La propuesta del Ejecutivo, subrayó el ombudsman, “frena y limita muchas garantías constitucionales y universales. No se puede permitir que sea el Ministerio Público el que autorice el arraigo, los cateos sin orden judicial, las detenciones provisionales y las intervenciones telefónicas. Eso nos parece verdaderamente siniestro. Quien las debe autorizar es un juez, y debe ser la excepción, no la regla”.
Adelantó que la próxima semana solicitará una reunión con senadores y diputados para que reciban a todos los ombudsman del país para hablar del tema. “Es necesario que nos oigan, que escuchen opiniones, que consulten a abogados, a los poderes judiciales de los estados, a los funcionarios encargados de procuración de justicia en el país, a las universidades, a los presidentes de las comisiones nacional y estatales de derechos humanos”, subrayó.
Soberanes Fernández reveló que se ha reunido con un grupo de senadores priístas y con legisladores de otros partidos en encuentros informales, y “he encontrado preocupación en el tema y sensibilidad para impedir un atropello de esta naturaleza.
“No dejemos que la impotencia colectiva que genera la delincuencia nos lleve a justificar ideas y acciones que trastocan nuestras convicciones democráticas. Estoy seguro de que unidos, dialogando y anteponiendo el bien de la nación, podremos enfrentar el fenómeno delictivo salvaguardando los derechos humanos”, destacó el titular de la CNDH.
En entrevista al término de la ceremonia de inauguración del quinto encuentro regional entre la CNDH, las comisiones estatales y oranizaciones no gubernamentales, Soberanes Fernández se refirió a la reforma en materia de justicia que se analiza en el Congreso. “El país tiene que ir para adelante, no para atrás. La reforma original que propuso el Ejecutivo tiene muchos aspectos que consideramos son un retroceso: frena muchas de las garantías individuales, no solamente las que están en la Constitución sino incluso las que son universales”, puntualizó.
Destacó que la CNDH está de acuerdo en la creación de la figura de jueces de garantía, “que en otros países se llaman jueces de instrucción. Nosotros lo vemos bien, pero aquí hay una gran pregunta: ¿cuánto cuestan?, ¿quién los va a pagar?
“Alguien había dicho que van a costar 30 mil millones de pesos. Yo no sé si las finanzas públicas aguantarán una situación de esa naturaleza, pero lo que sí creo es que por ningún motivo se debe facultar al Ministerio Público a tomar esas medidas –cateos sin orden, arraigos, detenciones provisionales, intervenciones telefónicas–. Cuando se argumenta que esto se usaría para combatir al crimen organizado habría que verlo con mucho cuidado, porque las procuradurías juzgan como crimen organizado delitos comunes. Entonces vemos ahí un abuso. Por eso es necesario que se realice un análisis muy serio.”
Lo que se necesita, dijo Soberanes Fernández, es mejorar todos los servicios de investigación, todo lo que se llama investigación científica del delito. “Aquí, en México, no hay una tradición en ese sentido. Se tortura, se detiene a las personas tres o cuatro años, y después se les deja libres. Con tenerlos en la cárcel un tiempo se dan por bien servidos los funcionarios de las procuradurías”, agregó.
Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Oscar Humberto Herrera López, quien también es ombudsman de Nayarit, informó que el lunes solicitará a los senadores y diputados una cita para que escuchen a los presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos en relación con la reforma de justicia.
“Entregaremos al Congreso nuestras propuesta. Nos preocupa una reforma peligrosa que atente contra los derechos humanos, como esos planteamientos del Ejecutivo que restringen libertades”, concluyó.