Cobertura insuficiente, grupos saturados y rezagos, las causas
Autoridades solicitan retrasar obligatoriedad del nivel prescolar
Ante una problemática en la que casi 7 millones de niños se quedaron fuera del nivel prescolar desde que se hizo obligatorio, más de un millón 300 mil están en grupos de 30 o más alumnos, cerca de 104 mil menores matriculados están en situación de extraedad y sólo en 2012 se lograría apenas 50 por ciento de la cobertura de los de primer grado, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) solicitó a los legisladores posponer la obligatoriedad del ciclo 2008-2009 al 2011-2012 para los niños de tres años que cursan el primer año de este nivel.
De acuerdo con el diagnóstico Las implicaciones de la obligatoriedad de la educación prescolar en México, la cobertura de este nivel, a partir de la reforma que lo hizo obligatorio, provocó una expansión en el servicio particular de 3 millones 43 mil a 6 millones 61 mil alumnos, es decir, un crecimiento de 93 por ciento. Mientras, en el sistema público la cobertura apenas aumentó de 3 millones a 3 millones 800 mil, 23 por ciento.
El consejo, integrado por autoridades federales y de los estados, pidió ayer –por medio del subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez– el postergamiento de la obligatoriedad para los niños del primer grado porque se corre el riesgo de tener “un rezago educativo temprano”, cuando los niños tengan apenas seis años, añadió el funcionario.
Reunidos con las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de las Cámaras de Diputados y Senadores, el subsecretario de Educación Básica de Zacatecas, Luis Manuel Aguayo Rendón, señaló que la obligatoriedad de la que México presume en el concierto internacional puede convertir a este país en la “vanguardia” de la generación de problemas que no existían, como el “rezago educativo temprano y la extraedad”, afirmó.
Aunque con los legisladores sólo se pidió la ampliación del plazo para cumplir con el ingreso obligatorio de los niños de tres años, en el diagnóstico elaborado por la Conaedu y la Secretaría de Educación Pública (SEP) se señala la necesidad de “replantear el plazo, ya vencido, de la obligatoriedad del segundo grado para ingresar al tercero, estableciendo los acuerdos necesarios para que los niños sean inscritos al grado que les corresponde según su edad”. Lo anterior, añade el informe, “no significa renunciar a un proyecto educativo, sino replantear la forma y los tiempos para cumplir, con realismo y sin afectar a los niños, el mandato constitucional de la obligatoriedad”.
En el diagnóstico se alerta sobre los “riesgos” de ofrecer una cobertura sin calidad, conforme a la actual situación, en la que hay serios focos rojos. Uno es la insuficiencia de personal docente, por lo que de no posponerse el plazo, implicaría la incorporación de 62 mil maestros y la creación de igual número de grupos. Esto, para pasar de 271 mil a 333 mil grupos y de 218 mil maestros a 280 mil.
Otra de las problemáticas identificadas en la evaluación es la saturación de grupos. Actualmente, casi 30 por ciento de los niños, que significan un millón 367 mil 111, están en grupos de 30 alumnos o más, cuando lo recomendable es un máximo de 15. Además, existen “casos en los cuales una supervisora tiene a su cargo más de 100 escuelas”, alerta. Y los pequeños que cursan algún grado que por edad no les corresponde (extraedad) ascienden ya a 103 mil 812.
También se detecta carencia de infraestructura apropiada, de equipamiento didáctico y el cierre de grupos de primer grado para atender a los niños de cuatro y cinco años. El subsecretario Fernando González Sánchez señaló que de no ampliarse el plazo será difícil lograr no sólo la obligatoriedad para el primer grado, sino consolidar los años siguientes de prescolar.
El secretario de Educación de Sinaloa, Florentino Castro, señaló incluso que el sistema ya tiene un alto costo para los padres, porque a veces es más caro tener a un hijo en prescolar que en preparatoria. Otros funcionarios estatales pidieron la revisión total de la ley porque puede generar “más problemas de los que resuelve”, dijo Aguayo Rendón.
Posteriormente, las comisiones de Educación y los funcionarios estatales y de la SEP discutieron el tema de la minuta del Senado, en la que se establece la no obligatoriedad de las cuotas que se piden a los padres en las primarias y secundarias. Sin embargo, el debate devino reclamo de los diputados a los senadores por el anuncio televiso que sacó la cámara alta sobre este tema. Tal parece, dijo el diputado Benjamín González Roaro, que los “senadores presionan a los diputados para que se legisle sobre un tema que es de su interés”.