La privatización en marcha
A raíz de la aprobación de la reforma fiscal y electoral, Felipe Calderón, el PAN y sus aliados del PRI (no todos) consideran que cuentan no sólo con los dos terceras partes de los votos de los diputados, sino también con el capital político suficiente, y calculan que ha llegado la hora de las reformas estructurales, comenzando por la energética.
No les ha bastado que la privatización de facto, por la vía de permisos inconstitucionales en generación, autoabastecimiento y otros (656 a julio de 2007), otorga ya al capital privado la propiedad y el control de aproximadamente 30 por ciento de la capacidad de generación a escala nacional. Tampoco se conforman con licitaciones y contratos de riesgo inconstitucionales que siguen entregando nuestros hidrocarburos y la infraestructura petrolera a las empresas trasnacionales. Quieren la certeza jurídica en el texto constitucional para legalizar lo ilegal, para cumplir debidamente las instrucciones del Banco Mundial y calmar las preocupaciones de las empresas trasnacionales, pues saben bien que la venta del patrimonio nacional energético puede ser revertida en juicios jurídico-constitucionales.
Mientras tanto, Calderón y su corte de vendepatrias, que se pasean en el recinto legislativo de San Lázaro, avanzan de manera acelerada en la privatización de facto, como puede leerse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 (PEF). Independientemente de la aspirina de 30 mil millones de pesos a las finanzas de Pemex, el PEF está orientado a impulsar la privatización a partir de hechos consumados.
El mecanismo favorito sigue siendo la llamada inversión financiada, que permite la participación del capital privado, fundamentalmente trasnacional, en la obra pública de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que para 2008 ascenderá a un billón 969 millones de pesos. Este tipo de inversión privada en el sector de energía, conocido como proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas), alcanzó en 2007 la suma de 2 billones 324 mil millones de pesos (capital más intereses), que representan un riesgo enorme para las finanzas públicas. Tan sólo en 2007 se pagarán con cargo al PEF 102 mil 29 millones de pesos en intereses.
En cambio, para las empresas públicas energéticas, el PEF considera cantidades ridículas frente a los montos destinados a la inversión privada. A Pemex le asignan 72 mil 260 millones de pesos en inversión física y se le sigue condenando a una sangría brutal por la vía de impuestos directos e indirectos, que en 2006 sumaron 582 mil 855 millones de pesos (55 por ciento del total de sus ingresos). A la CFE le asignan 28 mil 695 millones y se le obliga a depender de la inversión privada por conducto de los Productores Independientes de Energía, y a Luz y Fuerza del Centro, pese a las denuncias del Sindicato Mexicano de Electricistas en cuanto al riesgo inminente de un colapso eléctrico en la región central del país por falta de inversión productiva, le asignan mil 972 millones de pesos, condenándola prácticamente a la muerte por inanición.
Frente a este sombrío panorama energético, las declaraciones de Calderón de que no privatizarán Pemex, CFE ni Luz y Fuerza del Centro son sólo demagogia pura, para distraer a la opinión pública, mientras en los pasillos del Poder Legislativo continúan los cabildeos para amarrar la contrarreforma al artículo 27 constitucional.
No es de extrañar entonces que la nacionalización de la industria haya sido borrada del calendario cívico oficial. Poco les importa a los neoliberales la conmemoración de la fecha en que la nación mexicana recuperó el dominio exclusivo en la prestación del servicio público de la energía eléctrica, que durante 57 años estuvo en manos de empresas eléctricas extranjeras.
Para los émulos de Santa Anna, la celebración del 47 aniversario del acto nacionalizador eléctrico es un hecho que contradice en su esencia la desnacionalización y venta del patrimonio nacional energético que han venido impulsando a partir de 1992 en que Salinas de Gortari, en el contexto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, abrió las puertas al capital privado en el sector eléctrico nacional. Por el contrario, para la mayoría del pueblo mexicano, este 27 de septiembre, además de festejo nacionalizador, constituye la ocasión propicia para un pacto nacional, con todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales, ciudadanas, sindicales, de hombres y mujeres, conscientes de que la patria no se vende, en defensa del patrimonio nacional energético y en rechazo rotundo a la privatización.