Editorial
Bush: incongruencia y barbarie
Ayer, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, aprovechó su intervención ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para arremeter en contra de los gobiernos de Bielorrusia, Corea del Norte, Siria e Irán, a los que calificó de “regímenes brutales” que vulneran los derechos fundamentales de sus pueblos. A renglón seguido, el gobernante criticó severamente la labor reciente de la ONU en materia de protección de las garantías individuales y llamó a reformar el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo –creado en marzo de 2006 en sustitución de la inoperante y facciosa Comisión de Derechos Humanos–, al cual acusó de “permanecer callado ante la represión de regímenes desde La Habana y Caracas hasta Pyongyang y Teherán, al mismo tiempo que centraba sus críticas en exceso en Israel”.
Significativamente, tales críticas provienen del jefe del Estado que más viola las garantías individuales en el mundo, como señalan diversos organismos internacionales humanitarios cuya credibilidad y seriedad están fuera de duda. Por añadidura, las acciones bélicas e injerencistas de Washington constituyen un factor fundamental que impulsa a otros regímenes y facciones a cometer atrocidades adicionales.
Las cruzadas bélicas emprendidas por la Casa Blanca y el Pentágono contra Afganistán e Irak, a pesar de las multitudinarias expresiones de rechazo de millones de personas en todo el mundo, son los ejemplos más inmediatos de la vocación histórica de agresión y belicismo del gobierno estadunidense. Las aventuras militares de Bush han causado decenas de miles de muertes de civiles iraquíes y afganos y han costado la vida a más de 4 mil efectivos de las fuerzas invasoras. En el contexto de esa llamada “guerra contra el terrorismo”, el gobierno de Bush recomendó, a través de un documento redactado por el ex titular del Departamento de Justicia Alberto Gonzales, desconocer las directivas vigentes en materia de prisioneros de guerra, con el fin de otorgar a sus milicias y funcionarios civiles la autorización para torturar “moderadamente” a ciudadanos de cualquier país que sean considerados discrecionalmente “combatientes enemigos”. Tales regresiones judiciales se expresaron en las atrocidades cometidas contra los prisioneros de las cárceles de Abu Ghraib y Guantánamo y en la creación de una red gubernamental dedicada al secuestro, el traslado aéreo, el tormento y el cautiverio de innumerables sospechosos de terrorismo en Europa, Asia y Africa. A pesar de la oposición mayoritaria en el Legislativo estadunidense y de la desaprobación creciente de la ciudadanía, George W. Bush se ha aferrado a mantener su aventura bélica, acaso con la esperanza de que las condiciones de confrontación y violencia que imperan en Irak puedan funcionar como pretexto para perpetuar la ocupación.
Por otra parte, Estados Unidos ha tolerado y respaldado la infamia que el gobierno de Israel comete día a día en contra de la población palestina. El apoyo que Washington dio recientemente a Tel Aviv para declarar “entidad hostil” a Gaza representa, en los hechos, un espaldarazo para la nueva oleada de castigos colectivos que puede desencadenarse contra los civiles inermes que habitan la franja y para una eventual incursión de fuerzas militares israelíes que iría acompañada, sin duda, de nuevos asesinatos en masa de palestinos.
Por supuesto, los atropellos de Washington a las garantías individuales no sólo suceden fuera del territorio estadunidense, sino también dentro de él. La Ley Patriótica, impuesta en Estados Unidos a instancias del propio Gonzales tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, constituye un atropello a las garantías individuales de los ciudadanos, pues legaliza el espionaje telefónico, la apertura clandestina de correspondencia, la intercepción de correo electrónico, la sustracción secreta de documentos personales y la escucha de conferencias telefónicas, todo ello sin que se requiera orden judicial.
En suma, como han señalado puntualmente las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional, ningún otro régimen en el mundo comete tantas violaciones a los derechos humanos como hace Estados Unidos dentro y fuera de su territorio. Las acciones de Washington constituyen un atentado cotidiano y masivo contra las garantías individuales de cientos de miles de ciudadanos en el mundo, incluida la más fundamental de todas: la vida.