Chiapas: las brechas de la impunidad
En Chiapas se está reactivando una política represiva en contra de comunidades indígenas zapatistas, propiciando la confrontación sin medir consecuencias. En ello van juntos los gobiernos federal y estatal.
Son muy preocupantes las noticias sobre el desalojo en esa entidad de bases de apoyo zapatistas, ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, así como sobre el accionar de grupos paramilitares que pretenden arrebatarles la tierra recuperada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a partir del levantamiento armado de 1994.
Como sabemos, el pasado18 de agosto, seis familias indígenas tzeltales fueron desalojadas de su casa en los asentamientos de Nuevo San Manuel y Buen Samaritano, situados en la reserva natural de Montes Azules, alegando que dichos asentamientos (con ocho y 12 años de ocupación) se ubicaron en tierras cuyo título legal fue expedido a favor de la comunidad indígena de los lacandones. Dicha comunidad habría presentado una denuncia formal contra toda ocupación irregular en la selva Lacandona.
Este conflicto data por lo menos de 1972, cuando se expidió a favor de la comunidad lacandona un decreto presidencial. Para ese momento muchas otras comunidades indígenas llevaban años viviendo en esas tierras y fueron excluidas. El asunto requería un enfoque más amplio de la problemática agraria en la entidad y de la sucesiva cadena de despojos que están detrás de las ocupaciones realizadas a partir de 1994. Resulta simplificador señalar que se trata de un conflicto entre pueblos, uno con derechos y los otros sin él, y a ello se agrega el planteamiento conservacionista que antepone supuestos criterios a favor de la naturaleza antes que la consideración de la situación de las familias que fueron desalojadas.
¿Dónde quedó su derecho? ¿Dónde las consideraciones sobre los requisitos mínimos que debe cumplir una reubicación? ¿Cuáles tierras de igual calidad se les ofrecieron? ¿Cuál proceso de consulta previa, mucho menos de consentimiento libre e informado? ¿Qué pasa con los indígenas presos? Los reportes sobre las condiciones infrahumanas en que fueron colocadas las familias desalojadas obligaron a que otras comunidades zapatistas estén ofreciéndoles un espacio digno.
Sin duda había otras salidas distintas a la del desalojo. Así como en mayo de este año se expropiaron a favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 14 mil 96 hectáreas de la selva, “con fines de conservación”, se podría regularizar esas comunidades utilizando el mismo recurso de la expropiación. Se prefirió indiciar como depredadores del ambiente e invasores a los indígenas hoy desalojados.
El clima de tensión en la zona es de un riesgo serio. Parte del mismo es la confrontación violenta y por lo visto tolerada de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, como la del pasado11 de septiembre, cuando se agredió a nueve bases de apoyo zapatistas de Bolon Ajaw dentro de la reserva del ejido Agua Azul. La junta de buen gobierno Corazón del Arcoiris de la Esperanza los responsabilizó por estos hechos e incluso señaló los nombres de los participantes.
Ante todos estos atropellos es impensable que el EZLN les dé la espalda; recientemente ha declarado, al anunciar la segunda etapa de la otra campaña, que “las comunidades zapatistas y simpatizantes del EZLN han recibido también golpes represivos, amenazas y hostigamientos. Nosotros y nosotras pensamos que esto no debe detenernos y que debemos continuar con lo que nos hemos propuesto. Pero no podemos hacer como que no pasa nada. Tal vez la situación imperante nos obligue a tomar nuevas medidas para defender a nuestros pueblos, lo que significaría cancelar esta salida de manera parcial o total” (16 de septiembre de 2007).
A partir de 1996, año en que se firmaron los incumplidos acuerdos de San Andrés, se ha hostigado al EZLN por diversas vías; hoy no podemos suponer inocencia alguna en esta cadena de agresiones a los bastiones zapatistas, pues la consolidación de las juntas de buen gobierno es un obstáculo para los afanes modernizadores y conservacionistas que el Estado busca concretar en esa región.
Lamentablemente, desde el movimiento social nacional no se ha destacado debidamente la gravedad de estos acontecimientos, fuera de las organizaciones locales y algunas de solidaridad internacional.
No olvidemos lo que señaló Andrés Aubry, cuya muerte tanto lamentamos, al recibir en 2001 el Premio Chiapas en Ciencias, cuando en 1994 surgió el gigante indígena, cuyo “peso local, nacional y mundial transformó la imagen de Chiapas en la caja de resonancia del país. Aquí y en este momento estamos todavía. Lo que suena en dicha caja no son la felicidad y la prosperidad, sino los problemas irresueltos”1. Montes Azules es uno.
1 Contrahistorias No. 4, marzo de 2005.