De hallar irregularidades la dependencia no hará excepción alguna: Martínez Cázares
Asegura la SFP que dará la colaboración necesaria para indagar a Vicente Fox
En un comunicado de prensa hace un llamado a “no provocar linchamientos”
En respuesta a los señalamientos que diputados y senadores del Congreso de la Unión han hecho sobre el presunto enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox Quesada y otros ex servidores públicos que integraron su gabinete, la Secretaría de la Función Pública (SFP) manifestó al Poder Legislativo que dará toda la colaboración necesaria para indagar responsabilidades de los funcionarios.
Además, el titular del ramo, Germán Martínez Cázares, reveló a La Jornada que el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) Raúl Muñoz Leos podría ser sancionado una segunda ocasión por presuntas irregularidades en la licitación de contratos en favor de la naviera Oceanografía, de los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún. Dicha empresa resultó beneficiada con la adjudicación en forma directa de licitaciones de obra con un valor de 6 mil millones de pesos.
Aun cuando todavía no concluyen las auditorías respectivas, Martínez Cázares dijo que de ser necesario se aplicarán nuevas sanciones a Muñoz Leos, quien en abril pasado fue inhabilitado por 10 años para desempeñar cualquier cargo en el gobierno federal y sancionado con una multa de 862 millones de pesos, por causar daño patrimonial a la paraestatal por un monto estimado en mil 724 millones.
En respuesta a las denuncias de senadores y diputados contra Vicente Fox y algunos de sus colaboradores, y tras la decisión de la Cámara de Diputados de crear una comisión que investigue el enriquecimiento inexplicable del ex mandatario federal, la SFP aseguró que la situación patrimonial de los servidores públicos es estudiada “puntualmente” por la dependencia y, de encontrar irregularidades, no hará “excepciones” de ninguna naturaleza.
“La SFP no considera excepciones de personas en el cumplimiento de su responsabilidad, pero tampoco alimenta o provoca linchamientos sobre persona alguna”, asienta la dependencia en un comunicado.
En cuanto a los asuntos que resulten del interés de los órganos legislativos, respondió que “serán atendidos con diligencia institucional y responsabilidad política, siempre en el marco de las atribuciones que a cada órgano correspondan, y con pleno respeto a las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos”.
La contraloría del gobierno federal, precisó, resolverá conforme a lo que establezcan las leyes, según los méritos de los expedientes y sobre la base de las pruebas que se le aporten o, en su caso, recabe en ejercicio de sus atribuciones.
“La sociedad debe tener la seguridad de que esta dependencia (la SFP) realizará sus funciones con eficacia, en los tiempos y con las formalidades que establece el ordenamiento jurídico mexicano”, asienta, tras comprometer al gobierno de Felipe Calderón a responder cabalmente.
“La administración del presidente Felipe Calderón ha hecho de la integridad, la transparencia y de la rendición de cuentas prácticas habituales de la gestión pública”, concluye.