Son las peores violaciones a los derechos humanos
Hundirían a Fujimori matanzas en Barrios Altos y La Cantuta
Lima, 21 de septiembre. Las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, dos de los siete casos que validó hoy el Poder Judicial chileno para aprobar la extradición de Alberto Fujimori, han sido las peores violaciones de derechos humanos cometidas en la historia reciente de Perú y los delitos que podrían hundir al ex presidente en los tribunales peruanos.
Barrios Altos es un área céntrica de Lima donde el 3 de noviembre de 1991 fueron asesinadas 15 personas, incluido un niño de ocho años, en una operación contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso.
Eran las 22:30 de la noche de un viernes cuando un grupo de entre seis y 10 sujetos encapuchados irrumpió en el patio de una casa en el número 840 de la calle Huanta.
Recuentos de la prensa peruana e investigaciones especiales de los poderes Judicial y Legislativo han señalado que un total de 19 personas comenzaban una pollada (fiesta) cuando individuos armados ordenaron a los presentes que se tiraran al suelo.
Segundos después, los miembros del comando dispararon indiscriminadamente durante dos minutos a la gente, hasta que asumieron que estaban muertos. Cuatro de ellos, sin embargo, sobrevivieron al ataque.
Los autores del crimen eran integrantes del Grupo Colina, un escuadrón creado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cuya misión era eliminar físicamente a presuntos militantes de la izquierda armada.
La agrupación estaba a cargo del jefe del SIN, Vladimiro Montesinos, militar entrenado en la Escuela de las Américas de Estados Unidos –centro de capacitación de muchos de los represores latinoamericanos–, quien está preso por delitos de enriquecimiento ilícito, narcotráfico y lavado de dinero.
El caso quedó archivado a lo largo de la década en que gobernó Fujimori, quien logró atención pública por el encarcelamiento de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, en 1992, y el asalto del ejército peruano a la embajada de Japón para rescatar a 70 rehenes que el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru mantuvo en su poder entre diciembre de 1996 y abril de 1997.
El otro caso aceptado hoy por los jueces chilenos es conocido como La Cantuta, en alusión al campus de la Universidad Nacional de Educación, en la periferia de Lima.
En la madrugada del 18 de julio de 1992, otro comando del Grupo Colina ingresó en los dormitorios de profesores y estudiantes y secuestró a nueve jóvenes y un maestro, a quienes se les suponía responsables de haber hecho estallar un coche bomba en Miraflores, pocos días antes.
De esas nueve personas no se supo nada durante un año, hasta que el 12 de julio de 1993 fueron encontrados 10 cuerpos en fosas clandestinas en la quebrada Chavilca, en Cieneguilla, cerca de la capital peruana.
La exhumación de los cuerpos permitió saber que los jóvenes y el catedrático fueron ejecutados con disparos de arma de fuego en la cabeza, y que los cadáveres habían sido enterrados en estado avanzado de descomposición.
Además de los casos de La Cantuta y Barrios Altos, la resolución judicial chilena validó otros cinco casos: el allanamiento del domicilio de Soledad Becerra, cónyuge de Montesinos; la intercepción de comunicaciones telefónicas de periodistas y opositores, entre 1990 y 2000; el uso de fondos públicos para financiar el apoyo de los medios a su campaña para la segunda relección; la utilización de recursos estatales para beneficiar a Montesinos, equivalentes a 15 millones de soles (unos 3 millones de dólares); reclutamiento, mediante sobornos, de legisladores opositores para sumarlos a las causas fujimoristas en el Congreso.